«¿Existe hijo de su madre que no se levanta y lucha si ven que están matando a su madre? Somos hijos de la tierra. Por eso nos encarcelan y nos matan». Así resume el mapuche Rubén Collío la situación que vive su pueblo frente al Gobierno chileno de Sebastián Piñera.

Ataviado con un pañuelo en la cabeza que hace las veces del tradicional trarilonco y con una camiseta que toma por lema el título de la canción de Víctor Jara “El derecho a vivir en paz”, Collío ha estado en Euskal Herria dando a conocer la situación en el Wallmapu y su historia particular. Su pareja, Macarena Valdés, fue hallada ahorcada en agosto de 2016, cuando se encontraban en disputa por unas tierras en las que la transnacional RP Global, con participación de Endesa, quería colocar un cableado de alta tensión para una central hidroeléctrica. El forense del Estado dictó que se había suicidado, pero un segundo estudio privado determinó que fue colgada después de morir.

Collío es werken (representante) de su comunidad en Panguipulli. Las comunidades mapuche se encuentran inmersas desde hace décadas en una lucha con el Estado chileno por la recuperación de sus tierras ancestrales. Estas tierras, durante los últimos años, también han sido foco de conflicto por los intereses de las empresas hidroeléctricas y forestales, a las que Collío define como «espacios paraestatales». En la comunidad de Panguipulli, los pinos y eucaliptos «han secado lugares en los que no para de llover» y, sin ir más lejos, hay 37 proyectos hidroeléctricos en marcha y en la localidad de Tranguil, donde vive el werken mapuche, hay seis centrales en apenas ocho kilómetros. «Todas ellas, además, están rodeando un cerro que supuestamente tiene oro».

Macarena Valdés apareció muerta el 22 de agosto en la casa que ambos compartían junto a sus cuatro hijos. Según explicó Collío en una charla en el gaztetxe Maravillas de Iruñea, un día antes dos hombres en un vehículo con el logo de RP Global visitaron a la dueña de la tierra donde vivían Valdés y Collío, reclamando que echase del lugar a la familia. «Amenazaron con que algo malo pasaría» a las personas que vivían en las tierras que necesitaban para llevar adelante su proyecto. Más allá del grupo Coordinadora Arauco-Malleco, la resistencia mapuche se suele organizar en torno a comunidades y para confrontar proyectos concretos en sus tierras. En este caso, el proyecto tuvo mucha oposición en la comunidad de Tranguil y dicha oposición era liderada por el ingeniero ambiental Rubén Collío. Al día siguiente de la amenaza mencionada, el hijo mayor de ambos, de 11 años, encontró a su madre colgada. «Una persona que se va a quitar la vida no prepara la comida y deja la bolsa lista para salir de casa», asegura.

El ingeniero explica que, hasta ahora, era habitual que la empresa llegase, amenazase y dividiese a la comunidad, y la transnacional austriaca actuó de la misma forma. «Empezó a comprar conciencias, a hacer ofertas muy por encima de los salarios habituales y rompió la comunidad», recuerda. Collío señaló que la llegada de este capital a comunidades que apenas rondan las 60 familias suele venir acompañada de drogas y alcohol.

Denuncia ante la ONU

Descartando que la situación con la presidenta Michelle Bachelet fuese buena, considera que la llegada de Sebastián Piñera al poder ha empeorado la posición del pueblo mapuche, otorgando mayor impunidad a la Policía: «Se ha incrementado la violencia en los allanamientos y la Policía puede actuar sin rendir cuentas a la Fiscalía». De hecho, a principios de verano se instaló en la «zona roja» mapuche el Comando Jungla, un grupo especial de Carabineros entrenados en Colombia que tienen su base en Temuco y cuyo único cometido será combatir la resistencia del pueblo originario.

La Ley Antiterrorista chilena, implantada en 1984 por el dictador Augusto Pinochet y reformada en varias ocasiones, asume desde hace una década como «acto terrorista» los incendios e incluso los cortes de carretera, dos acciones habituales en las protestas del pueblo mapuche. Es el caso del líder mapuche Facundo Jones Huala, que ha sido extraditado desde Argentina, donde no existe Ley Antiterrorista, para ser juzgado en Chile.

Pese a que el Estado da un plazo de dos años para el proceso de instrucción por muertes violentas, la Fiscalía trató de cerrar la investigación por el fallecimiento de Valdés hasta en dos ocasiones. Tras las evidencias de la segunda autopsia, donde no se observaban las lesiones correspondientes con un ahorcamiento, la investigación prosigue su curso, pero el coste recae en el bolsillo de Collín. «La indagación sigue en marcha, pero el Estado funciona como un solo bloque contra el pueblo mapuche», sostiene. Por ello, busca la denuncia internacional y antes de pasar por Euskal Herria, donde también trasladó su historia hasta el Parlamento de Nafarroa, viajó a Ginebra, y pudo entrevistarse con una relatora de la ONU. «Nos están asesinando como pueblo y el Gobierno chileno trata de ocultarlo», subraya.

La investigación y el proceso de denuncia avanza a duras penas y las amenazas contra Collío, que sigue viviendo en el mismo lugar donde Valdés apareció muerta, también. PERO afirma no tener miedo y descarta que sus hijos vayan a crecer con temor. «Todos vamos a morir. El punto es cómo vas a vivir. La Negra (Macarena Valdés) vivió», zanjó.