Koldo LANDALUZE
DONOSTIA

Normativa para la desconexión digital del trabajador

Siguiendo lo acordado en Europa, a nivel estatal entrará en vigor una nueva ley que tiene entre sus objetivos garantizar a los trabajadores su desconexión digital fuera de sus horarios laborales y establecer la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales.

La nueva ley de Protección de Datos garantizará derechos como la desconexión digital del trabajador fuera de sus horarios laborales, según el informe concluido hoy por la ponencia en el Congreso de Madrid que ha debatido las enmiendas al texto inicial de esta iniciativa con la que se pretende reforzar la privacidad.

Este proyecto de ley se adaptará al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos y mayoría de enmiendas presentadas al texto inicial de esta iniciativa que incluye un centenar de artículos, han sido ya transaccionadas y podrían estar definitivamente aprobados antes de que finalice 2018. En el dictamen de la ponencia quedaron ya fijados criterios como la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres, la cual finalmente se establece en los 14 años, frente a los 13 en el texto inicial. El reglamento europeo de Protección de Datos da margen a los Estados miembros para fijar dicha edad en una banda de entre 13 y 16 años.

 

Privacidad

Asimismo el proyecto de ley garantizará una batería de derechos digitales que, además de la desconexión digital del trabajador fuera de sus horarios laborales, incluye también el derecho “al olvido” cuando los datos resulten «inadecuados, no pertinentes o excesivos» con el paso del tiempo.

También se garantizará la protección de la intimidad de los trabajadores con la existencia de protocolos de uso de dispositivos digitales acordados por la empresa y los trabajadores. Se reforzará asimismo la privacidad de los empleados ante sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo.

La normativa incluye una disposición adicional con una referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales.

Asimismo y para finalizar, se facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como “bebés robados” a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos.