PNV acusa a EH Bildu de mentir pero lo cierto es que, a raíz de la denuncia pública realizada por la oposición, el Gobierno municipal retiró ayer del orden del día del pleno extraordinario convocado los puntos en los que se proponía destinar 100.000 euros del programa de ayuda domiciliaria para afrontar el pago de los intereses de demora de unas facturas de la contrata de limpieza que, inicialmente, se acordó no abonar por irregularidades. Los soberanistas les invitan a que debatan públicamente sobre el modo en que se ha afrontado este asunto.

Sin ninguna explicación, apuntaron desde EH Bildu, los jeltzales retiraron las tres proposiciones, que incluían la modificación del plan de ajuste hasta 2027. Comentaron que harán un nuevo estudio antes de plantear cómo pretenden que el Ayuntamiento cumpla con el acuerdo alcanzado con la empresa Garbialdi para pagarle 300.000 euros en cinco años.

EH Bildu consideró «una buena noticia» haber logrado condicionar los planes del PNV para resolver un problema generado por «una gestión desastrosa y negligente». Desde el principio, los soberanistas no han entendido cómo el Gobierno municipal estaba dispuesto a asumir esa deuda. Dejan claro que los pasos adoptados por los jeltzales les «condenan» a pagar a Garbialdi, sea con fondos provenientes de Gizartekutxa o por otros ingresos. «Venga de donde venga el dinero, el pueblo de Alonsotegi es el pagano de todas las chapuzas del PNV. Porque pagar, vamos a pagar... y a escote», lamentaron después del cambio de posición.

Todo comenzó después de que los técnicos municipales detectasen que la contrata de limpieza facturaba servicios que no había hecho o no estaban bien ejecutados desde 2003 a 2016. El Ayuntamiento retuvo las facturas siguiendo los informes técnicos, hasta que en 2012 comenzó a pagarlas en virtud de un pacto previo con Garbialdi, que no incluyó cláusula alguna para evitar reclamaciones de intereses. La empresa lo hizo en los juzgados y los actuales responsables municipales llegaron a un convenio con la contrata de limpieza para pagar 300.000 euros en un lustro.

La solución para afrontar el primer pago, de 100.000 euros, era cogerlos de los 139.000 euros que la Diputación otorgó a Alonsotegi a través de los fondos Gizartekutxa, orientados a gasto social. En concreto, según constaba en la documentación, el primer pago a Garbialdi estaba antes orientado a un programa de ayuda domiciliaria.

Al conocerlo, EH Bildu anunció que barajaba la posibilidad de impugnar la decisión que el PNV iba a adoptar gracias a su mayoría en el pleno. Los soberanistas defendieron que esa partida tenía un fin concreto, satisfacer necesidades de índole social, y no podía dedicarse a pagar una parte de la deuda. Además, el convenio obliga a recomponer el plan de ajuste.