La muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi perpetrada en el Consulado de su país en Estambul está dejando amplias muestras del cinismo que esconden los discursos sobre los derechos humanos que tan bien manejan los países occidentales. Su uso espurio como instrumento de presión contra regímenes con los que no se simpatiza se ha vuelto esta vez contra sus impulsores, constatando la falta de ética y el doble rasero de los políticos occidentales.

La crisis por la muerte de Khashoggi está sacando también a la luz las implicaciones económicas del apoyo a la monarquía saudí, pero no tanto –como se podía pensar– por la dependencia de la economía mundial del petróleo de este país, sino por el uso que hace Arabia Saudí de la compra de armas como instrumento de chantaje. No en vano es el segundo importador mundial de armas, solo por detrás de la India. Y llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, los países occidentales no encuentran el modo de suspender la venta de armas, algo que atendiendo a la legislación internacional debería estar ya cancelado por ser Riad uno de los contendientes en la guerra de Yemen. Pero en este punto todo el mundo apela a la responsabilidad y a los intereses nacionales para mantener el suculento negocio. Solamente el Gobierno de Canadá ha tenido voluntad política de reducir drásticamente la venta de armas y ha dejado a los saudíes sin esa capacidad de presión, lo que les ha llevado a romper relaciones diplomáticas este pasado verano.

Hace un año y medio un bombero, Ignacio Robles, se negó a custodiar en el puerto de Bilbo un cargamento de armas con destino a Arabia Saudí. La Diputación de Bizkaia le abrió un expediente sancionador por una falta muy grave. Finalmente, la presión social dejó la sanción en una falta leve. Con este episodio en su haber, no es extraño que el PNV dijera ayer que comprendía la posición del Gobierno español a merced del chantaje saudí.