El contundente fallo del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), que tumbó la tesis defendida por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en su demanda contra los anteriores gestores de EH Bildu, no parece haber abierto una reflexión en el seno del Gobierno foral. La filtración de un informe jurídico elaborado por GHK, que plantea que existen razones para recurrir la sentencia, indica que los actuales gestores apuestan por mantenerse en sus trece y continuar alimentando la vía de la persecución judicial. Ante una sentencia tan rotunda, que les condena a costas, nadie impondría un recurso a menos que no lo tuviese que pagar de su bolsillo.

Es cierto que la inapelable sentencia del TCE ha dejado al Gobierno de PNV y PSE en una mala posición, al pasar de ser acusadores a acusados en la desastrosa gestión de la incineradora. No obstante, el fallo abría también la posibilidad de rectificar y reconducir el conflicto teniendo en cuenta la voluntad de la ciudadanía de Gipuzkoa. Esa ha sido, además, la petición de las fuerzas políticas, sociales y sindicales que abogan por la paralización del proyecto de la incineradora. Pero, por desgracia, no parece que vaya a ser ese el camino. Markel Olano sigue enrocado en base a un cálculo político erróneo. Busca ocultar las propia responsabilidad y mantener la presión judicial sobre el adversario en vísperas de las elecciones del año que viene. Cree que este tema le beneficia, pero quizás ya no sea así.

En vez de afrontar las discrepancias con las herramientas de la política, impulsando el diálogo y buscando el compromiso y el acuerdo, PNV y PSE optan por el desprecio y la judicialización. Tal vez esa estrategia les sirva para mantener prietas sus filas, pero reducirlo todo a quien no está conmigo, está contra mí, es empobrecedor y contrario a los intereses de la ciudadanía. De esta manera no solo vacían de todo contenido a la acción política, sino que dan alas a una confrontación social estéril. Es, además, lo contrario a lo que defiende Olano en muchos otros temas.