Esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a la familia de un trabajador que murió en 2008 por amianto. En un principio se le diagnosticó una enfermedad pulmonar crónica, pero tras el fallecimiento se realizó otro examen que determinó que la muerte había sido a consecuencia del amianto. La reclamación de la familia para que fuera reconocido el carácter profesional de la enfermedad no fue atendida ni por la Seguridad Social ni por el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia. Ha sido finalmente el TSJPV el que ha aceptado la demanda de la familia, diez años después de su muerte.

El largo periplo de este caso es una muestra fehaciente de las dificultades que existen todavía para que la Administración reconozca el carácter profesional de muchas enfermedades que son consecuencia directa de años de trabajo en condiciones insalubres. Evidentemente, el reconocimiento implica indemnizaciones que nadie quiere asumir. Por ello en 2011 el Parlamento de Gasteiz aprobó una iniciativa de Bildu para que se creara un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Pero no fue hasta 2016 que esa iniciativa se transformó en una proposición de ley del propio Parlamento al Congreso de los diputados. Y no ha sido hasta hace 15 días que el Congreso español ha dado luz verde a la tramitación de la ley que creará ese fondo. Una tramitación de más de siete años y que todavía no ha terminado.

La conciencia sobre los problemas de seguridad y salud en los puestos de trabajo ha crecido durante los últimos años por la gran labor de concienciación realizada por los sindicatos y las asociaciones de afectados. Sin embargo, todavía es palpable la escasa voluntad política existente para crear mecanismos legales que garanticen un entorno laboral saludable, el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas y el resarcimiento a las víctimas de enfermedades profesionales.