La posible retirada de alguna de las medallas concedidas al conocido torturador franquista «Billy el Niño» da pie a reabrir el siempre pendiente debate sobre el papel desempeñado por el Estado en la tortura y la guerra sucia en Euskal Herria. La demanda de EH Bildu para que se retiren todas condecoraciones a los funcionarios de Estado implicados en vulneraciones de los derechos humanos llega acompañada de datos que aportan una nueva perspectiva sobre el sistema de violencia institucionalizado existente.

La convicción de que en Euskal Herria se ha torturado sistemáticamente estaba ampliamente extendida en la ciudadanía vasca que la sufrió de modo masivo. El informe que encargó Lakua al equipo del forense Paco Etxeberria ponía números a la certeza: 4.113 casos documentados en un primer momento. En vez de avanzar hacia el reconocimiento de esa realidad y la reparación a las víctimas, PSOE y PNV han acordado modificar la ley de víctimas de abusos policiales de la CAV para evitar cualquier tipo de investigación y, al mismo tiempo, para «salvaguardar» el derecho al honor de aquellos funcionarios involucrados. Ocultar la vulneración sufrida es una curiosa forma de reconocer a las víctimas. Pero lo más espeluznante de todo no es que se entorpezca el derecho a conocer la verdad, sino que la información se puede obtener en la sección de condecoraciones del Boletín Oficial del Estado –diario en el que se recogen las principales disposiciones del Estado– y existe una sobrecogedora correlación entre episodios de tortura o guerra sucia y posteriores galardones. Los casos que hoy recoge GARA, una muestra mínima, dejan claro que esa violencia no solo ha salido casi totalmente impune, sino que ha sido premiada desde los gobiernos.

El Ejecutivo Sánchez tiene ahora oportunidad de dejar de amparar todo esto y mostrar un compromiso con las víctimas y con la verdad, la justicia y la reparación, retirando todas esas condecoraciones a los implicados.