Oriol Junqueras cumplió ayer un año en prisión condicional, una triste efeméride que endureció aún más la Fiscalía del Tribunal Supremo con una petición de 25 años de cárcel por su liderazgo en el proceso independentista catalán. Sobre el vicepresident de la Generalitat ha recaído la solicitud de condena más alta pero, en total, el Ministerio Público español quiere sancionar con 214 años la participación en un proyecto de empoderamiento democrático cuyo principal hito fue la consulta del 1 de octubre del pasado año.

Así, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno piden otros 17 años contra tres de las caras visibles del procés: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los principales responsables de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Asimismo, sobre otros miembros del Ejecutivo encausados pesa igualmente una petición de cárcel muy alta: 16 años. Se trata de Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad).

Estas nueve personas están acusadas de «rebelión». Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart, en calidad de «promotores o jefes principales». Además, al vicepresident y a los cinco consejeros citados se les atribuye también un delito de «distracción ilegal de fondos públicos».

Otros tres integrantes del Govern, Meritxel Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vidal (Empresa), no se enfrentan a un cargo de rebelión, pero sí a sendos delitos de malversación y desobediencia grave, con peticiones de 7 años para cada uno por parte de la Fiscalía, que también reclama castigo para los antiguos miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Les atribuye un delito de desobediencia, sancionado con un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa. A la misma petición hará frente Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP.

En la Audiencia Nacional

En total, la petición de cárcel en el Supremo alcanza los 177 años, pero a esa cantidad hay que sumar las condenas solicitadas en la Audiencia Nacional contra los principales mandos y responsables políticos de los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero se enfrenta a una petición de 11 años, también por rebelión, y no por los delitos de sedición y organización criminal por los que fue procesado por Carmen Lamela. Igual condena afrontan el ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, como «mandos subalternos» de la «rebelión».

La Fiscalía, dependiente en última instancia de la fiscal general del Estado, María José Segarra, nombrada por Pedro Sánchez, sí acusa de sedición a la intendente de la Policía autonómica Teresa Laplana, para la que solicita 4 años de cárcel.

No es tan elevada la condena global que pide la Abogacía del Estado, pero sigue siendo muy alta. Contra Junqueras solicita 12 años de cárcel, y 11 años y medio para los consejeros Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull. Diez años de prisión reclama para Forcadell y ocho para Sánchez y Cuixart. A todos ellos les imputa un delito de sedición y no de rebelión. Las peticiones apenas varían para Borrás, Mundó y Vila, 7 años de cárcel pero 10 de inhabilitación para cargo público, y no 16, como quiere la Fiscalía. Nada cambia en el caso de Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, mientras que la multa sería de 24.000 euros para Nuet y Boya, con inhabilitación de 16 meses.

Inicio del juicio, en enero

Una vez presentados los escritos de calificaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la causa abierta en el Tribunal Supremo se encamina a la vista oral, que está previsto que comience a mediados del mes de enero, y que dure entre dos y tres meses. La sentencia se espera para junio, una vez hayan pasado las elecciones municipales. Antes, aún en noviembre, las defensas plantearán los artículos de previo pronunciamiento, equivalentes a las cuestiones previas, que se debatirán en diciembre.

«Perseguir a personas por su actividad política es traspasar todas las líneas rojas. Europa no puede ser cómplice»

CARLES PUIGDEMONT

Expresident de Catalunya

«Vascos, catalanes y los gallegos debemos jugar una partida en común contra este Estado; debemos ser cómplices y aliados»

ARNALDO OTEGI

Coordinador de EH Bildu

«Es una represalia hacia una ideología. No renunciaremos a nuestros argumentos, ni renunciaremos a nuestro compromiso»

RAÜL ROMEVA

Exconseller de Exteriores

«Hay más odio y agresividad en el escrito de la Fiscalía que en todo el proceso. Respuesta digna y no violenta»

JORDI SÁNCHEZ

Expresidente de la ANC

«Las ideas no se pueden encarcelar,

no renunciaremos a decidir democráticamente nuestro futuro»

QUIM TORRA

President de la Generalitat

 

Puigdemont insta a Europa a no ser cómplice y desde prisión advierten de que no renunciarán

Carles Puigdemont no está incluido en esta causa, igual que el resto de líderes catalanes exiliados, pero reaccionó a la petición de condenas apelando a los agentes europeos. «Vuestra voz es más necesaria que nunca. Europa corre el riesgo de perder credibilidad como espacio que protege las libertades y los derechos políticos de todos» declaró en un video, insistiendo en que «Europa no puede ser cómplice con su silencio de este abuso». «El Estado en su conjunto, desde el Rey a la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra un Govern, un Parlament y una gran parte de la población», añadió.

También hubo reacciones desde la cárcel. Jordi Sánchez instó a no caer en «la provocación». «Hay más odio y agresividad en el escrito de la Fiscalía que en todo el ‘procés’. No caigamos en su provocación. Respuesta digna y no violenta. La absolución llegará», se pudo leer en la cuenta de Twitter activada a su nombre. También desde esa red social, el exconseller de Exteriores Raül Romeva opinó que la petición fiscal «es una represalia hacia una ideología», pero avisó de que «no renunciaremos nuestros argumentos, ni a nuestro compromiso político».

Las reacciones de repulsa fueron generalizadas desde todo el arco político independentista, y también por parte de las principales entidades sociales, como la ANC y Ómnium.

En el ámbito institucional, el president Quim Torra, que se reunió por la tarde con los presos políticos en la cárcel de Lledoners, suscribió una declaración conjunta con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y se preguntó si «alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los dos millones de personas que quieren la república catalana». «¿Alguien cree que con más represión se acabarán las ansias de libertad?», inquirió el mandatario catalán.

Desde Euskal Herria, Arnaldo Otegi calificó de «brutales» las peticiones de condena, que ponen de manifiesto «la auténtica naturaleza antidemocrática del Estado español». Frente a ello, instó a vascos, catalanes y gallegos a «jugar una partida en común contra este Estado». «Debemos ser cómplices en una estrategia acordada, debemos ser aliados en esta estrategia, porque, si no hay una vía democrática hacia la independencia, habrá una vía independentista hacia la democracia», señaló el coordinador de EH Bildu.

Por su parte, desde Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino, Mauricio Macri, Iñigo Urkullu declaró que «no deja de ser una noticia triste, porque es una consecuencia de la judicialización de la política», y agregó que la Justicia debe servir «a la convivencia».GARA