Buena parte de los procesos de emancipación en el mundo han pasado en algún momento por la fase crítica de los juicios políticos. A veces han acelerado el derrumbe de los regímenes que recurrieron a ellos (la Revolución cubana es el ejemplo más mentado) o han fortalecido liderazgos a la larga decisivos (el de Nelson Mandela se curtió en prisión). Pero también en ocasiones han logrado su objetivo de ahogar al enemigo: el vuelco de hoy mismo en Brasil viene precedido por el encarcelamiento de Lula y el impeachment a Roussef. La propia historia vasca muestra que estos juicios conllevan una crisis y a la vez una oportunidad: el Proceso de Burgos sirvió para terminar de aislar al franquismo en la esfera internacional pero no para lograr un apoyo global a la causa vasca, y más recientemente el juicio contra Arnaldo Otegi y sus compañeros dio un altavoz pedagógico al giro estratégico de la izquierda abertzale pero no acabó de desacreditar la cerrazón estatal.

Tras el acelerón histórico de octubre del pasado año, Catalunya llega ahora a esta fase. España nunca sorprende cuando de cuestiones de Estado se trata, lleve quien lleve el timón de sus gobiernos, y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han formulado grandes peticiones de cárcel contra los líderes políticos y ciudadanos del «procés». La apuesta por «desinflamar» de Pedro Sánchez da para bien poco de momento.

La sentencia estará en manos de ese Estado, pero no la consecuencia. El independentismo, la mayoría democrática más allá de sus fronteras, tiene una oportunidad de convertir ese proceso de nuevo en un bumerán contra sus impulsores. Lo lograrán si retoman la unidad de fuerzas y la claridad de objetivos que llevó al éxito del 1 de Octubre y si trasladan al mundo que la suya es una causa justa. Euskal Herria lo sabe mejor que nadie, por sufrir al mismo adversario y por afinidad histórico-política, y tiene también un papel que desempeñar en ese contraataque.