El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer al mediodía que cambiará la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para que sea la banca, y no el cliente, quien pague esa tasa cuando se trate de registrar una hipoteca. Esta medida va en sentido contrario a la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo.

Sánchez explicó que esta modificación –que no contempla retroactividad– se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará hoy mismo el Consejo de Ministros, por lo que entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE –lo que normalmente suele ocurrir el día posterior a la celebración del Consejo de Ministros–.

La decisión del Ejecutivo estatal no afecta de forma directa a las legislaciones forales. De hecho, el Gobierno de Nafarroa manifestó su «compromiso» de proponer un proyecto para revisar la actual ley foral que establece claramente, sin dar opción a interpretaciones, que en este herrialde quien debe pagar el impuesto es el cliente. «La sensibilidad social nos obliga a reconsiderar quién debe ser el sujeto pasivo del impuesto», comentó la portavoz del Ejecutivo, María Solana, que añadió que consideran «de justicia» hacer esta revisión.

La redacción de las respectivas normas forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es calcada al reglamento español, por lo que queda por saber si las tres diputaciones vuelven a “copiar y pegar” la nueva legislación española, tal y como hicieron con la que estaba en vigor hasta ahora.

Capacidad recaudatoria

Con la modificación de la ley estatal, el pagador del impuesto pasará a ser la entidad bancaria, en lugar del cliente, de forma que las comunidades autónomas del régimen común (todas menos las vascas) seguirán recaudando lo mismo que hasta ahora. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), son 1.100 millones anuales.

En este sentido, Sánchez afirmó que quienes proponen la supresión de esta figura fiscal, en referencia a una propuesta del PP, deben hablar con los presidentes autonómicos para saber si están de acuerdo en perder capacidad recaudatoria.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se recauda mucho menos proporcionalmente porque las hipotecas de vivienda habitual están exentas de este impuesto, al contrario que en Nafarroa.

El fallo del TS provoca una oleada de protestas

La decisión adoptada el martes por el Tribunal Supremo español en una votación reñida para al final sentenciar, con 15 votos a favor y 13 en contra, que los clientes deben hacerse cargo del pago del impuesto de las hipotecas provocó una amplia indignación ciudadana, expresada por los distintos movimientos sociales, por lo que no tardaron en llegar las convocatorias de protestas. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que convocó caceroladas ante los juzgados de distintas ciudades para rechazar el fallo judicial, como ocurrió en València y Barcelona.

En Madrid, la movilización más amplia se espera el sábado. La convocatoria corre a cargo de Podemos, CCOO y UGT, y la cita será a las 18.00 ante el Supremo.

Por su parte, Stop Desahucios Euskadi llama a concentrarse esta misma mañana, a las 11.00, ante los juzgados de Bilbo, Donostia y Gasteiz. «Denunciamos el sometimiento descarado del Tribunal Supremo a los intereses de la banca y exigimos cambios radicales en un sistema judicial claramente dependiente de los poderes fácticos», indicó.

El sindicato ELA ha convocado una concentración para el próximo lunes, a las 16.30, ante la sede del TSJPV, en el Palacio de Justicia de Bilbo.GARA