Txisko FERNÁNDEZ
DONOSTIA

Italia no modifica sus cuentas y pide flexibilidad a Bruselas

Con el frente del Brexit abierto y cuando la economía de la locomotora alemana presenta signos de que puede pasar de la «desaceleración del crecimiento» a la «contracción», el Gobierno italiano está dispuesto a prolongar su pulso con la Comisión Europea en torno al cumplimiento del déficit. Bruselas no responderá hasta la próxima semana.

El Gobierno italiano apuró el plazo para contestar al requerimiento que le había planteado la Comisión Europea. A última hora del martes, Roma envió a Bruselas una carta de respuesta en la que reiteraba que no modificará su proyecto de presupuestos para 2019, insistiendo en que llegará a un déficit del 2,4% del PIB en 2019.

«Los presupuestos de los últimos cinco años aprobados por Bruselas no han sido positivos para Italia y hemos decidido hacer lo contrario. Seguimos adelante. En Bruselas continuarán mandándonos cartitas. Si quieren sancionar al pueblo italiano, lo han entendido mal», comentó ayer Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, formación que comparte el Ejecutivo con el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Salvini, que además es ministro de Interior, también afirmó que las posibles sanciones que la Comisión Europea pueda imponer a su país por no ajustar sus presupuestos irán contra el pueblo italiano.

Pero lo cierto es que ese hipotético escenario está muy lejos de convertirse en realidad. De entrada, hasta ahora Bruselas no ha sancionado (ni la Comisión ni el Consejo Europeo) a ningún Estado miembro por incumplir el Pacto de Estabilidad, que obliga a todos los socios a coordinar sus políticas fiscales y a mantener unas finanzas públicas saneadas.

Catástrofes

En todo caso, si la Comisión considera finalmente que Italia está incumpliendo las «reglas comunes» –como indicó el martes la canciller alemana, Angela Merkel–, lo que hará será proponer al Consejo Europeo que ponga en marcha un procedimiento de déficit excesivo basado en las recomendaciones de la propia Comisión.

Esto ya se ha hecho con otros socios comunitarios sin que la sangre haya llegado al río. Claro que en los casos precedentes, los Estados «castigados» asumieron que las reglas de juego eran válidas para todos, aunque paradójicamente esa actitud ha conllevado en algunas ocasiones que Bruselas haya tenido manga ancha y, por ejemplo, haya ampliado los plazos para que se cumplan los límites marcados sin llegar a imponer sanciones.

Precisamente, en su misiva del martes, el ministro de Economía, Giovanni Tria, puso énfasis en los recientes temporales sufridos por su país y en el derrumbe del puente de Génova a la hora de pedir a la Comisión que se conceda a Italia la flexibilidad presupuestaria para eventos excepcionales.

La Comisión ha decidido tomarse este asunto con calma y no responderá hasta el próximo miércoles, 21 de noviembre.

El Estado español es el único que sigue estando «castigado»

El denominado «procedimiento de déficit excesivo (PDE)» está regulado por el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y viene a «respaldar» a la «sección correctora» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El “correctivo” se aplica cuando no ha funcionado «la sección preventiva» del Pacto de Estabilidad, que «garantiza que la política fiscal de los países de la UE se ejecute de manera sostenible». El objetivo del PEC es «velar por unas finanzas públicas saneadas» y, para conseguirlo, cuenta con esas dos «secciones». Cada mes de abril, todos los Estados miembro deben presentar sus «programas de estabilidad». Si estos no aprueban el examen de la Comisión Europea, esta propone al Consejo que ponga en marcha un PDE.

La aplicación de este mecanismo no es extraordinaria. Hasta el pasado año permanecían bajo este procedimiento el Estado español, Grecia, Portugal, Bélgica, Croacia y el Estado francés. Madrid fue incapaz de cuadrar su déficit público por debajo del 3% al cierre de 2017, por lo que es el único alumno que sigue «castigado», y conviene recordar que permanece en esta situación desde 2009.

Aunque la Comisión avaló los últimos presupuestos presentados por Mariano Rajoy, continúa controlando de forma especial las cuentas españolas y ejerciendo presión para que Madrid no se salga de la senda de la «austeridad flexible». T.F.