La jueza Garbiñe Biurrun abrió ayer la mesa de juristas que analizó las claves del caso Altsasu. En unas jornadas en denuncia de que Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda llevan ya dos años presos sin sentencia firme, había que explicar por qué estos tres jóvenes y otros cuatro están privados de libertad. Así lo hizo, de hecho, la penalista Olga Rodríguez, quien explicó qué es la prisión preventiva y por qué en este caso se ha hecho un abusivo de esta medida excepcional.

Rodríguez sostiene que el hecho de que la Audiencia Nacional española asumiera el caso permitió este «injusto» adelanto de la pena. «Los delitos cometidos no fueron graves, pero la Audiencia Nacional es un tribunal que ya lleva implícito la gravedad del delito», aseguró la abogada.

Por su parte, la profesora de Derecho Penal de la UPNA Soledad Barber entró a analizar la sentencia. Criticó el concepto de «coautoría» que mantiene el Tribunal. Recordó que las penas para estos jóvenes se impusieron acumulando delitos que chocan con el relato de los hechos de la propia sentencia. Así, algunos han sido condenados por las lesiones de denunciantes a los que la sentencia dice que no pegaron.

Barber cuestionó el empleo de agravantes para que las penas fueran más altas, particularmente el de «discriminación». Según explicó, este agravante se emplea para defender a colectivos o minorías y, en caso de tener un matiz ideológico, debe justificarse en función de la ideología del agredido, no del presunto agresor. como se hace en la sentencia.

Por último, intervino Amaia Izko, abogada defensora de Ramírez de Alda, quien puso el foco en los artículos del Código Penal que han permitido que el caso haya tenido esta deriva. En este sentido, Izko concretó sus críticas en el artículo 573 y en su definición tan abierta del terrorismo que hace que se pueda aplicar prácticamente a cualquier cosa. «Es una norma penal en blanco», denunció.

Según Izko, esta deriva de ampliar los supuestos de terrorismo tiene como objetivo «castigar toda radicalidad política como terrorismo». La abogada sostiene que «hay una confluencia de intereses de medios de comunicación, políticos e interpretadores de leyes» en este sentido. 

Todas las juristas coincidieron en el cierre de la charla en la necesidad de clausurar la Audiencia Nacional. «Un tribunal enfermo de muchas cosas, entre ellas de endogamia», aseguró la juez Biurrun, quien recordó como Juezas y Jueces por la Democracia mantenía esta demanda históricamente pero que, en los últimos años, parece haberla dejado de lado.