No hubo sorpresas. Estaba tan asumido que ni siquiera tuvo un impacto relevante en las bolsas europeas –las principales subieron, incluida la de Milán–, que ya habían descontado el evento la semana pasada, cuando el Gobierno italiano confirmó que no iba a modificar su plan presupuestario para 2019 pese al requerimiento de la Comisión Europea.

Así que ayer el Ejecutivo comunitario propuso abrir un procedimiento de déficit excesivo a Italia por su elevada deuda pública, una medida que, si es aceptada por el Consejo de la UE (los gobiernos), podría dar lugar, en última instancia, a sanciones de entre el 0,2% y el 0,5% del PIB de Italia (entre 3.450 y 8.625 millones de euros). No obstante, la finalidad de este procedimiento no es imponer una multa que, en toda lógica, empeoraría la situación económica de un Estado miembro al que, precisamente, se le recrimina que presente unas previsiones demasiado optimistas y correr el riesgo de encontrarse pronto en una situación financiera crítica.

«Creo que dramatizar el desacuerdo entre Italia y la Comisión perjudica a la economía italiana y, en consecuencia, a la economía europea», escribió Giovanni Tria en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Economía.

El ministro lamentó que la CE no haya «compartido las razones del programa presupuestario» de Italia y defendió que la estrategia de aumentar el gasto público planteada por el Gobierno, formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, es «necesaria por la desaceleración de la economía europea e italiana».

«También estamos convencidos de que garantiza, en cualquier caso, igualmente el objetivo de reducir la relación entre la deuda y el PIB reafirmada repetidamente por el Gobierno», añadió. Esta reflexión no es compartida por la Comisión, que recordó que en julio el Consejo de la UE pidió a Roma que redujera su déficit estructural en un 0,6% del PIB durante 2019 y, sin embargo, con el segundo plan italiano enviado a Bruselas ese indicador crecería en torno a un 1% del PIB.

«Los números hablan»

«Estos números hablan por sí mismos. Así que, con pesar, hoy confirmamos nuestra evaluación de que el borrador del plan presupuestario de Italia supone un incumplimiento particularmente grave de las recomendaciones del Consejo», manifestó el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa en la que se presentó la valoración de las cuentas de los Estados de la eurozona.

Añadió que, «como consecuencia», se ha reexaminado el cumplimiento de Italia con los criterios de reducción de la deuda pública, que supera el 131% del PIB, una de las más elevadas de los Veintiocho y que, según prevé el Ejecutivo comunitario, apenas variará los próximos dos años. El político letón indicó que se debería considerar que Italia no cumple con los requisitos de reducción de la deuda.

«Por tanto, concluimos que la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por la deuda está justificado», declaró.

Posteriormente, desde el Gobierno italiano llegaron mensajes de tranquilidad. El líder del M5S y vicepresidente del Ejecutivo, Luigi Di Maio, reaccionó con un mensaje en las redes sociales destacando que Roma y Bruselas persiguen «el mismo objetivo: reducir el déficit». Su colega de la Liga, Matteo Salvini, también indicó que seguirán «debatiendo educadamente».

Madrid continúa entre los peores alumnos

La Comisión Europea publicó ayer sus opiniones sobre los proyectos presupuestarios de los diecinueve Estados que integran la eurozona. Dejando a un lado la especial situación de Italia, otros cinco socios –Estado español, Estado francés, Bélgica, Portugal y Eslovenia– presentan riesgo de incumplir las normas comunitarias.

Concretamente, la Comisión ha vuelto a advertir al Gobierno español de que su plan presupuestario para 2019 corre el riesgo de incumplir con las reglas fiscales europeas porque incluye una desviación «significativa» de la senda de reducción del déficit de las administraciones y de la deuda pública.

Remarca que el déficit público cerrará este año en el 2,7% y el próximo en el 2,1%, al tiempo que critica que el borrador presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez no incluye ningún esfuerzo estructural. La senda pactada por Madrid con Bruselas exige unos ajustes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, unos 7.800 millones de euros. GARA