La reunión hoy en Bilbo de la Comisión Mixta de Transferencias CAV-Estado llega plagada de mentiras y medias verdades. Por un lado oficializará dos traspasos muy menores: un tramo de la AP1 y dos líneas de tren que el nada sospechoso Tribunal Constitucional español dictaminó hace ya dos años que debían ser gestionadas aquí. Por otro, escenificará un debate sobre cuestiones mayores como Prisiones o Seguridad Social que debía estar resuelto no ya hace años sino décadas; son competencias vascas secuestradas por Madrid.

En pocos temas de la agenda política vasca hay más trampas que en este. Pasadas casi cuatro décadas, el Estado sigue incumpliendo leyes sustanciales como el Estatuto de 1979 y el Amejoramiento de 1982, y no solo eso: dispone también de un árbitro comprado llamado Tribunal Constitucional –con el que limitarlas o cercenarlas a su conveniencia– y juega además con la amenaza de nuevas relaciones de fuerzas en el Estado que simplemente acaben por liquidar el sistema autonómico. Pero la parte vasca también se hace trampas al solitario. El autodenominado «navarrismo» acaba de ser desnudado por el Gobierno del cambio que ha arrancado al español el compromiso de transferir toda la competencia de Tráfico a la Policía Foral, competencia histórica que UPN tenía olvidada en un cajón. Y el PNV ha acabado asumiendo la ilógica de esta renegociación competencial eterna y beneficiándose además de los réditos que le da regatear cuestión por cuestión cuando los gobiernos en minoría de Moncloa, como es el de Pedro Sánchez, necesitan su apoyo parlamentario.

El producto de todo esto es que en noviembre de 2018 se sigue jugando un partido disputado realmente en 1979, cuyo resultado se pone en duda una y otra vez. Y en 40 años no solo cambian totalmente las realidades políticas, sino también las necesidades sociales y los retos de país. El tema no son ya aquellas competencias, sino qué nivel de soberanía quiere y necesita la Euskal Herria de hoy.