Nerea GOTI
bilbo

Etxerat reúne relatos de la violencia que los estados no desactivan

Etxerat reunió ayer en Bilbo relatos en primera persona del sufrimiento que la política penitenciaria sigue generando en tanto no llegan los cambios que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a las expectativas que quiso crear, el Ejecutivo actual «se está mostrando tan tiránico» como para mantener el dolor y «tan débil como para no atreverse a desactivarlo», indicaron los familiares, que recordaron que en medio están las vidas de las personas que lo sufren.

Decenas de familiares y amigos de presos vascos se reunieron ayer en Bilbo en una comparecencia multitudinaria ante los medios para dar testimonio en primera persona del sufrimiento que sigue causando la política penitenciaria. Cada uno de ellos y ellas, hasta los más pequeños, acumula un historial inabarcable de situaciones de vulneración de derechos en las cárceles de los estados español y francés. Ayer pusieron solo algunas de ellas sobre la mesa, apenas algunos casos sucedidos en los últimos meses, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara cambios en la política penitenciaria.

Tal y como remarcaron los portavoces de Etxerat Patricia Velez y Urtzi Errazkin, pese a las expectativas que quiso crear el Ejecutivo de Sánchez, «se está mostrando tan tiránico como para seguir infligiendo sufrimiento» y «tan débil como para no atreverse a desactivar y poner fin» a la política actual.

En este contexto situaron casos como los de Joxe Aranburu y Maritxu Isasa, dos personas de avanzada edad que fallecieron el pasado setiembre. Aranburu tenía 75 años y los viajes que forzosamente debía realizar para visitar a su hijo en Villena, a 720 kilómetros de casa, provocaron en tres ocasiones su ingreso en el hospital de Alacant. «En dos de ellas no pudo recuperarse a tiempo y realizar la visita, que por supuesto perdió, porque así funciona la política de dispersión», recordaron Velez y Errazkin.

Tampoco Maritxu Isasa, madre de Mikel San Argimiro Isasa, preso en Cáceres, pudo ver a su hijo antes de fallecer. Tenía 87 años y llevaba doce años sin poder acudir a las visitas. Su estado de salud no soportaba ya los desplazamientos a la cárcel; su derecho a visita lo anularon la presión y las condiciones de un viaje de 1.300 kilómetros.

Contó Mamen Sinde que su sobrino, Aitor Cotano, tampoco pudo abrazar a su padre antes de fallecer, tras una larga enfermedad que le había hecho antes imposibles los viajes a Puerto de Santa María.

A Xabier Atristain y a su hermano Justo también les arrebataron el derecho y el gesto de humanidad que hubiera permitido que se despidieran. Justo se encontraba en la fase final de su enfermedad cuando tuvo la oportunidad de ver por última vez a su hermano Xabier. Lo trasladaron en silla de ruedas hasta la puerta del domicilio de la compañera de Xabier, donde este se encontraba, pero le denegaron verle. Justo Aristrain falleció dos días después.

Xabier Atristain y Unai Fano fueron trasladados a Euskal Herria para el nacimiento de sus hijos. Fano contaba también con autorización judicial para asistir al parto, pero le fue revocada en el último momento. Ambos tuvieron un única visita para conocer a los recién nacidos y fueron inmediatamente trasladados a Murcia, en el caso de Atristain, y a Algeciras, en el de Unai Fano.

Un dolor, que «se desprecia»

Tras poner sobre la mesa estos relatos, entre otros planteados en primera persona por familiares, Etxerat recordó que detrás de esas situaciones hay vidas y personas que sufren, «vidas y sufrimiento que se desprecia, y vidas y sufrimiento con el que se negocia». «El nuevo escenario no ha servido para desactivar la política penitenciaria», que «no solo se mantiene, sino que se acrecienta», destacaron familiares y amigos, que lanzaron una pregunta: «¿A quién beneficia esta situación?».

Tal y como destacó Etxerat, no es la sociedad vasca quien reclama ni comparte «seguir arrastrando una situación de sufrimiento» y hacer perdurar «una carga que impide avanzar en la normalización y la resolución».

Los familiares reunidos en Bilbo cerraron su comparecencia con un doble lema: “Las y los queremos vivos y en casa” y “Queremos estar vivos y en casa”. Antes habían recordado que en los últimos diez años la política de alejamiento de Euskal Herria de los presos vascos ha provocado 100 accidentes y alrededor de 400 desde sus inicios y cifraron en más de 4.000 ciudadanos vascos los afectados por esta política. Todos ellos y ellas «víctimas potenciales, al imponerles viajes interminables hacia cárceles alejadas».

Etxerat reclamó a los estados que hagan realidad «la demanda de la sociedad vasca, sus instituciones y agentes políticos y sociales» y activen medidas para «la excarcelación de los presos con enfermedades graves y de avanzada edad, el traslado de todos los presos a Zaballa, la aplicación del cómputo de penas y la desactivación de la condena a perpetuidad y del régimen cerrado».

Declaraciones

«Han arruinado nuestra niñez y adolescencia. Si mi padre estuviera en Zaballa podría verle cada fin de semana sin renunciar a una parte de mi infancia»

AMAIUR IRAGI

Hija de Harriet Iragi

«José, el padre de mi sobrino Aitor Cotano, murió en agosto, no pudo despedirse ni visitar por última vez a Aitor en Puerto. ¿A quién beneficia esta situación?»

iTZIAR SINDE

Tía de Aitor Cotano

«Hablamos de que se deben respetar los derechos fundamentales de todos los niños y niñas. ¿Por qué los hijos e hijas de los presos vascos no los tienen?»

MAMEN ESTEBAN

Madre de Asier Mardones