GARA
GASTEIZ

La plantilla de Biocompost de Araba, convocada a la huelga indefinida

La plantilla de Biocompost, encargada del reciclaje en la planta de tratamiento mecánico-biológico de Gasteiz, iniciará el próximo miércoles una huelga indefinida para que les aplique el convenio de Gardelegi.

El comité de empresa de Biocompost de Araba, una UTE formada por Ferrovial y FCC, ha llamado a la huelga indefinida de los 64 integrantes de la plantilla para reclamar un convenio «justo» y «acorde a las condiciones que la empresa y el Ayuntamiento de Vitoria formalizaron en el contrato para la explotación». Tal como señalaron en un comunicado, desde 2006 la empresa aplica «unilateralmente» el convenio estatal de recuperación de residuos en lugar de las condiciones del convenio del vertedero de Gardelegi.

Esto supone, entre otras cuestiones, que los trabajadores y las trabajadoras de Biocompost hagan 188 horas anuales de más, dado que el convenio estatal es de 1.780 horas y el de la empresa es de 1.592, es decir, una diferencia del 12%.

A ello se suma que «casi la mitad de la plantilla» tiene un «paupérrimo salario de 900 euros al mes» por «un trabajo penoso en contacto directo con la basura», a pesar de que la UTE recibe del Ayuntamiento gasteiztarra 8 millones anuales, de los cuales el 22,5% «se debería destinar a gastos de personal».

Sin embargo, según subrayó LAB, «la comparativa de estos 12 años de contrata entre los datos auditados por la empresa y los calculados según el contrato de explotación arroja una diferencia superior a los 2,5 millones».

Todo ello, sumado al «clima laboral» en la empresa, ha causado «el hartazgo de la plantilla», que está llamada a la huelga indefinida a partir del 26 de diciembre.

«Oferta vinculante»

Haciéndose eco de las reclamaciones de la plantilla, el grupo municipal de EH Bildu indicó que «las multinacionales de la basura se comprometieron en la oferta vinculante» con la que ganaron el concurso a aplicar el convenio colectivo de Gardelegi.

«El Ayuntamiento valoró esa mejora propuesta en la oferta por la UTE de FCC y Ferrovial, y gracias a esa valoración se llevaron el concurso», puntualizó el concejal Aitor Miguel.

El grupo soberanista considera que esas empresas se han «quedado» con cerca de 2,5 millones de euros que «en realidad pertenecían a los trabajadores».