La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa de revocar la ayuda de 30.000 euros del Gobierno navarro para un estudio sobre la tortura, prorroga la situación de falta de reconocimiento y reparación oficial de quienes han padecido esta lacra en el herrialde. Y no son precisamente pocos...

¿Cuántos? Obviamente habrá que esperar a que concluya el incipiente trabajo del equipo de Paco Etxeberria para saberlo, pero tanto por extrapolaciones de datos ya sabidos como por el trabajo de campo de la fundación Euskal Memoria se puede hacer una aproximación fiable y vaticinar que bien pueden superan el millar de casos desde 1960 a la actualidad.

Teniendo en cuenta que el número de detenciones bajo incomunicación se ha situado en estas décadas en Nafarroa en un parámetro similar a la media de la CAV (donde domina Gipuzkoa y está a la cola Araba) y aplicando el porcentaje de 75% de torturas en esos arrestos que se ha constatado en los estudios existentes, se supera esa cifra. Otro tanto ocurre al hacer una regla de tres por volumen de población: si se tiene en cuenta que la CAV multiplica por 3,5 el número de habitantes de Nafarroa y allí se han censado al menos 4.113 casos de tortura, en el territorio foral la cifra resultante serían unos 1.175.

Dejando al margen las extrapolaciones, ya existe un dato cierto al que tenido acceso GARA: son los 816 casos recogidos por Euskal Memoria. Dentro de su labor de sacar a la luz la verdad del conflicto vasco, sus voluntarios llevan años constatando casos de torturas uno a uno y haciéndolo además en toda Euskal Herria, a ritmos diferentes. En febrero de 2017, diez meses antes de que se hiciera público el informe del Instituto Vasco de Criminología al que Lakua puso sello oficial, había recopilado ya 5.657 casos, de ellos casi 5.000 entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que terminó coincidiendo bastante con el número certificado por el equipo de Paco Etxeberria con su propio método y criterios.

En aquel momento la fundación ya apuntó que su investigación en Nafarroa estaba en un estado menos avanzado por motivos puramente estructurales, de disponibilidad de voluntarios y extensión del territorio. Desde entonces, el trabajo ha ido completándose y se ha llegado ya a esa cifra de 816, a sabiendas de que sigue incompleta porque hay todavía cientos de detenciones en las que confirmar si derivaron o no en torturas.

La cifra, por último, resulta coherente con la estimación de un grupo de personas torturadas en Nafarroa que hace ahora dos años se dirigieron al Gobierno de Uxue Barkos para pedirle que abordara el asunto. Aseguraron entonces que tenían documentados ya 600 casos de torturas «y creemos que van a superar con creces el millar».

El Gobierno navarro recurrirá

Desde la convicción de que tal número de víctimas de vulneraciones de derechos no pueden quedar privadas de reconocimiento y reparación, el Gobierno navarro anticipa su intención de presentar un recurso contra el veto a esta ayuda pública. La consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, subraya su convencimiento de que la convocatoria «no solo es legal, sino que es justa y reparadora con las víctimas».

«Sentencias como esta no permiten avanzar; al revés, son un obstáculo para avanzar hacia el reconocimiento», añade Ollo, que hace hincapié en que las administraciones públicas «tenemos la obligación de dar respuesta a los derechos de esas víctimas, porque lo avala el derecho internacional y es también un compromiso ético de las sociedades democráticas».

La probabilidad de que en Nafarroa haya habido más de 1.000 torturados arroja más luz, de paso, sobre la cantidad vetada: serían apenas 30 euros por caso de torturas destapado.