Con dos votos frente a uno, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia navarra desestimaron ayer la prisión provisional pedida por Fiscalía, acusación particular –ejercida por la víctima– y acciones populares –Ayuntamiento de Iruñea y Gobierno de Nafarroa– para los cinco integrantes de «La Manada». Su situación se reevaluaba después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJN hubiera confirmado el pasado diciembre la condena a nueve años de prisión por un delito continuado de «abusos sexuales» perpetrado en sanfermines de 2016, impuesta en abril.

Uno de los tres jueces, el presidente de la Sección Segunda (José Francisco Cobo), formuló un voto particular en el que aboga por decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza de los encausados, hasta el límite máximo de cuatro años y medio, descontando de este periodo el tiempo que han estado en prisión provisional, entre el 9 de julio de 2016 (fueron detenidos el día 7) y el 22 de junio de 2018. En su argumentación, incidió en que los aspectos apuntados de estabilidad domiciliaria de los procesados o su integración en su contexto familiar y convivencial extenso no permiten «conjurar eficazmente el riesgo» de que se sustraigan a la acción de la justicia, como tampoco el hecho de que hayan cumplido las obligaciones impuestas.

Los cinco condenados (José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo) quedaron en libertad el 22 de junio dtras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros. Y desde entonces «no se han aportado razones suficientes para modificar la situación personal de los encausados», según se recoge en el auto, en el que el voto mayoritario de Ricardo González y Raquel Fernandino concluye que el argumento de riesgo de fuga, esgrimido por quienes solicitaban su reingreso en prisión, les resulta «bastante endeble».

En ese sentido, argumentaron que durante casi seis meses «han acatado las condiciones impuestas por la sala», y además, desde que se tuvo conocimiento de la confirmación de la sentencia, ha pasado casi un mes y los encausados «han continuado cumpliendo aquellas, mostrando así su intención de no eludir la acción de la justicia». Añadieron estos dos jueces que no se puede obviar que estuvieron encarcelados prácticamente dos años, así como que su situación personal, familiar y laboral «permanece inalterable respecto a lo valorado por la Sala en el auto de 21 de junio».

También hicieron mención expresa a la situación de Alfonso Cabezuelo, a quien en estos meses se ha retirado su condición de militar, decisión que si bien no es firme, de momento supone «que no recibe ingreso alguno». Una carencia que, a su juicio, «no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma lo limita».

A ello le añadieron que no puede tomarse en consideración el episodio protagonizado por el guardia civil Antonio Guerrero, quien acudió a sacarse el pasaporte, puesto que sobre ese hecho recayó una resolución firme, denegatoria de la opción de ingreso en prisión.

Respecto a la situación de Ángel Boza, quien ha pasado recientemente casi cuatro meses preso tras robar unas gafas y atropellar a un vigilante de seguridad en su huida, consideran que son hechos «muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales» y por tanto no justifican la alteración de su situación pretendida por las acusaciones.

Procesados pero no juzgados

El auto alude también a las actuaciones seguidas ante el juzgado de instrucción de Pozoblanco, para puntualizar que todavía no se ha celebrado el juicio y por lo tanto no hay sentencia, ni se ha acordado prisión preventiva por tales hechos.

En setiembre, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Pozoblanco procesó a cuatro de los cinco condenados en Iruñea (Prenda, Escudero, Guerrero y Cabezuelo) por abusos sexuales y delitos contra la intimidad después de que en junio la investigación se ampliara como «causa compleja». En el caso de Cabezuelo, se sumó el delito de maltrato.

El juzgado cordobés asumió la investigación en octubre de 2016, cuando el titular del Juzgado de Iruñea le comunicó el hallazgo de un vídeo donde apreciaba «indicios» de abusos sexuales a una joven de 21 años.

 

El Gobierno de Nafarroa y el Ayuntamiento de Iruñea presentarán recursos de súplica

La decisión de la Audiencia de Nafarroa de mantener en libertad provisional a los miembros de «La Manada»&flexSpace;hizo que, junto a los pronunciamientos de las acusaciones, vuelvan a escucharse voces desde diferentes ámbitos contrarios a la resolución y al sistema judicial en su conjunto.

El abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, consideró «desacertado» el auto y dijo que estudian recurrirlo con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, del que esperan que determine que lo sucedido el 7 de julio de 2016 fue una agresión sexual (violación) y no un abuso sexual.

Por contra, para el abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a los cinco condenados en primera instancia, la decisión de la Audiencia de Nafarroa de mantener su libertad «era lo esperado», aunque admitió que «hoy todos respiramos».

Desde el ámbito institucional, el Gobierno de Nafarroa manifestó su «absoluta discrepancia» con la resolución y avanzó que en los recursos de súplica solicitará la revocación de esa decisión y el inmediato reingreso en prisión. También recurrirá el Ayuntamiento de Iruñea, según anunció el alcalde, Joseba Asiron, que mostró su desacuerdo con la decisión de los jueces y reiteró que lo que se produjo fue claramente «una agresión sexual en fondo y forma».

La Fiscalía, según fuentes jurídicas, no prevé por conta recurrir la decisión.

Desde el Gobierno español, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, escribió en Twitter que acata pero no respeta la decisión. Más contundente fue el conseller de Trabajo Asuntos Sociales y Familias del Govern de la Generalitat, Chakir el Homrani, quien afirmó que «no existen palabras para expresar el horror y el vacío, especialmente para las personas más vulnerables».

También mostraron su discrepancia dirigentes políticos como Bakartxo Ruiz (EH Bildu), que consideró que la decisión de mantener a «La Manada» en la calle es «un nuevo golpe a la lucha por la igualdad y contra el machismo» y evidencia «las diferentes varas de medir que tienen los jueces». Eduardo Santos (Podemos-Ahal Dugu), por su parte, consideró que «el error original fue ponerlos en libertad y esta sentencia es una nueva discriminación positiva hacía estas cinco personas». Geroai Bai indicó en un comunicado que decisiones como esta «ahondan en el divorcio existente entre la Justicia y la mayoría social».

Organizaciones sindicales como ELA y LAB reprobaron igualmente la resolución judicial. LAB señaló que la Justicia «en lugar de de proteger a las mujeres que sufren violencia machista, vuelve a oprimirlas con violencia», y la tildó de «heteropatriarcal». ELA, por su parte, destacó que no se trata de un fallo casual o puntual, sino de «una nueva consecuencia del carácter patriarcal de la Justicia». Ibai AZPARREN