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PARÍS

París intenta frenar a los «chalecos amarillos» en un angustioso clima

Medidas económicas y sociales urgentes, nueva ley contra agitadores en las manifestaciones, un gran «debate nacional»: el Ejecutivo francés está utilizando muchas cartas para frenar la crisis de los «chalecos amarillos», pero sin garantía de apaciguar la ira que está en el origen de este movimiento, que continúa aferrándose a sus exigencias.

El próximo test para el Gobierno de Emmanuel Macron es la nueva manifestación convocada para mañana, como remarca France-Presse (AFP). Será el noveno sábado de movilización consecutivo desde el surgimiento de esta inédita protesta, sin líderes reconocidos y con quien las autoridades tienen grandes dificultades para negociar.

Las imágenes de violencia durante o al margen de las manifestaciones han dado la vuelta al mundo: policías acorralados, pintadas en el Arco del Triunfo o actos vandálicos en ciertos barrios de París. Más de 1.500 manifestantes han resultado heridos, algunos gravemente, sobre todo por los controvertidos proyectiles que utiliza la Policía.

Diez personas han fallecido, la mayoría en accidentes de tráfico registrados en torno a la ocupación de rotondas, otro aspecto de esta proteica contestación que agrupa a ciudadanos de clases populares y clases medias.

Estas consideran injusta la política social y fiscal del Gobierno, reclamando más poder adquisitivo y, en algunos casos, directamente la dimisión de Macron. Y mantienen sus reivindicaciones pese a las medidas anunciadas por el presidente en diciembre.

Si bien muchas de las manifestaciones se han desarrollado en un ambiente tranquilo, los enfrentamientos suelen estallar a menudo a final de la jornada. En previsión de que esto se repita, mañana serán desplegados cerca de 80.000 policías y gendarmes por todo el Hexágono, 5.000 de ellos en París. Un millar de agentes resultaron heridos durante las últimas manifestaciones.

En un intento de frenar la violencia, el Ejecutivo ha anunciado una ley que endurecerá las sanciones contra los agitadores (casseurs) y contra quienes participen en actos cuya celebración no haya sido comunicada previamente en la Prefectura.

Entre turbulencias

En este angustioso ambiente está previsto que se abra el próximo martes el «gran debate nacional» anunciado por Macron como respuesta al movimiento ciudadano y cuyo arranque está resultando muy laborioso.

Debate en los ayuntamientos, en los mercados, en los centros de trabajo... esta consulta debe desarrollarse hasta mediados de marzo. Una plataforma digital recogerá las contribuciones a nivel estatal y, después, se pondrán en marcha «conferencias de ciudadanos elegidos en sorteo» en cada región, según ha explicado la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP).

Por ejemplo, en Burdeos, uno de los bastiones de la movilización, el alcalde, Alain Juppé (primer ministro entre 1995 y 1997 bajo el mandato de Jacques Chirac), que está «muy preocupado» por la situación nacional, instalará «cuadernos de quejas» en las alcaldías de distrito.

Estos «cahiers de doléances» tienen un alto valor simbólico, ya que en su día también recogieron las demandas de las clases populares y la burguesía que fueron utilizadas como argumentos de base para impulsar la Revolución francesa.

Según una encuesta de Elabe difundida el miércoles, el poder adquisitivo (22%) encabeza el ránking de temas que los franceses quieren que se aborden en este debate, por delante de los impuestos y tasas (12%), el empleo (11%), las desigualdades e injusticias sociales (10%) y el nivel del gasto público (10%).

Pero como reflejo de la febrilidad gubernamental que marca la gestión de esta crisis, los inicios del gran debate se han visto lastrados por la retirada de la presidenta de la CNDP, Chantal Jouanno. Ella debía pilotar esta consulta pero ha decido abandonar ante la polémica suscitada por su elevado salario (14.666 euros brutos mensuales, cerca de los 15.140 que cobran el presidente de la República y el primer ministro).

El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, ha incidido en que el debate no estará abierto a poner en cuestión «los avances de nuestro derecho», aludiendo a temas como el aborto, la pena de muerte o el matrimonio para todas las parejas.

Por su parte, los “chalecos amarillos” se aferran especialmente a dos de sus reivindicaciones: el restablecimiento del Impuesto de la Solidaridad y la Fortuna (ISF) –lo que rechaza el Gobierno– y la introducción en la Constitución francesa del referéndum de iniciativa ciudadana (RIC) –sobre lo cual el Ejecutivo no se ha pronunciado–.