El sábado por la mañana en Radio Euskadi, el dirigente del PSE Eneko Andueza insistía en que la política penitenciaria ya está cambiando sustancialmente. La convocatoria de Orain Presoak en Bilbo era el mejor modo de testar si es esto lo que percibe también la ciudadanía vasca, y las noticias no fueron positivas para el Gobierno de Pedro Sánchez. La participación (76.000 personas según el recuento de GARA) se situó en la media de los últimos tres años, una vez pasado el boom que siguió al cambio de ciclo de 2011, y los mensajes dejaron muy claro que los retoques introducidos por el Gobierno español resultan claramente insuficientes para la mayoría política, sindical y social de Euskal Herria.

Con esta evidencia sobre la mesa y plenamente satisfecha por el tirón de la doble convocatoria de Bilbo y Baiona, la red ciudadana Sare hizo ver ayer al Gobierno español que «cometería un gran error si ignorase lo que se exigió este sábado en la manifestación de Bilbo». Así lo expresaron Joseba Azkarraga y Arantza Aldeazabal, portavoces de la iniciativa.

Para trasladarlo en persona, han decidido solicitar una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hay que recordar que el anterior magistrado de la Audiencia Nacional mantiene una interlocución constante con organizaciones de víctimas de ETA a las que informa previamente de traslados de presos, pero hasta la fecha no existe una relación similar con los agentes vascos que demandan el fin de la excepcionalidad. Algo que, cabe añadir, sí existe en París –entre el Ministerio de Justicia y una delegación vasca institucional y social– desde octubre de 2017 y con notorios resultados prácticos.

Así, defendieron que el Gobierno español está en su derecho de hablar con quien quiera, «con los partidos políticos de derecha, de extrema derecha o con las asociaciones de víctimas», pero «cometería un gran error si ignorara» la reivindicación muy mayoritaria de la ciudadanía vasca.

Azkarraga y Aldazabal concedieron gran valor a la participación en las movilizaciones de las capitales vizcaina y labortana, destacando que la doble cita «no fue obstáculo para que las calles se convirtieran en un clamor en favor del fin de la vulneración de derechos que sufren las personas presas». El formato doble ya se había empleado en 2016 y en este 2019 en ambos puntos se superó la participación (de 63.000 a 76.000 en Bilbo y de 8.000 a 9.000 en Baiona, según recuentos de GARA).

Para Sare, anteayer se demostró una vez más que «una parte importante de la sociedad vasca no está dispuesta a que en su nombre se sigan vulnerando los derechos de los presos» y la demanda de «Orain presoak» quedó muy fortalecida.

«Decenas y decenas de miles de personas abarrotaron las calles para exigir al Gobierno de Madrid que escuchen a la gran mayoría de la sociedad vasca, que quiere una paz justa en la que podamos reconstruir la convivencia, sin olvidar, pero sin odiar», indicaron.

Si Fernando Grande-Marlaska les recibe, concretaron que «le diremos de manera directa lo que venimos diciendo desde hace tiempo: que se muevan y cumplan su propia legislación, que termine de una vez el sufrimiento». A la sociedad vasca, por su parte, Sare le transmite su voluntad de continuar «ensanchando la pluralidad de quienes nos negamos a que en nuestro nombre se vulnere no solo los derechos de los presos, sino sus propias leyes».

El Ararteko insta a «no esperar más» con los presos enfermos

Una de las reivindicaciones de las marchas de Orain Presoak es la excarcelación de los presos enfermos. Se trata de un tema que también está cogiendo eco a nivel estatal por la situación del expresidente de la Generalitat Valenciana y exdirigente del PP Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia. Al respecto, el Ararteko de la CAV, Manuel Lezertua, dijo ayer en Radio Euskadi que «creo que Zaplana debería estar en la calle, al igual que los presos de ETA enfermos, porque en las prisiones están hacinados y sin el tratamiento adecuado. Pero parece que cuando el enfermo es del otro lado, de alguien que haya estado en el ‘establishment’ del Gobierno, hay mucha sensibilidad», lamentó.

Lezertua remarcó que la actual legislación incluye estas situaciones y valoró que el Gobierno español haya acercado a cuatro prisioneros vascos, aunque haciendo hincapié en que en los casos de presos enfermos o mayores de 70 años «no habría que esperar más» para liberarlos.