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DONOSTIA

Madrid deniega el permiso al barco de rescate Aita Mari

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario había pedido autorización para navegar hacia el Mediterráneo central en misión de observación y rescate de náufragos, pero el Aita Mari, listo para ayudar a los migrantes que necesitan asistencia, seguirá en puerto.

Tras un año de preparativos, el aita Mari está listo para ayudar a los migrantes que necesitan asistencia en el Mediterráneo, según indicó ayer en rueda de prensa la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). Pero el barco tendrá que seguir en puerto, al no haber concedido el Gobierno de Pedro Sánchez autorización para zarpar hacia el Mediterráneo.

Así lo notificó la ONG en Pasaia, donde especificaron que el viernes recibieron la respuesta por parte de la Capitanía Marítima de la localidad guipuzcoana. «La exposición de motivos aplica el mismo razonamiento que con Open Arms en Barcelona. Se le impone al Aita Mari una sanción de forma cautelar, ante los hechos que ellos consideran que podrían ocurrir en el mar».

El Ministerio de Fomento reconoce que los puertos seguros de la zona –Italia y Malta– están cerrados para los rescates. «No obstante, el Gobierno de España, en lugar de reclamar a sus socios de la UE que cumplan con los compromisos en materia humanitaria y de responsabilidad, descarga sobre nuestra organización dicha responsabilidad», denunció la ONG.

En el documento de resolución también se reconoce que en el Mediterráneo central se está produciendo una «situación de emergencia con personas en riesgo de muerte». «Al impedir al Aita Mari y al Open Arms operar en el Mediterráneo, España prefiere mirar para otro lado antes que reclamar a Italia y Malta que cumplan con sus obligaciones», constató la ONG.

Por todo ello, SMH presentará un recurso ante el Ministerio de Fomento y, mientras se resuelva la situación, pedirán autorización para zarpar a otros puertos españoles.

La ONG aprovechó la convocatoria de prensa para reclamar «rutas seguras» y «una política migratoria europea responsable y acorde con los acuerdos internacionales firmados». «Reclamamos corresponsabilidad de todos los miembros de la UE para afrontar una respuesta solidaria y justa al fenómeno de las personas desplazadas. De esa manera nadie se vería obligado a meter a sus hijos rumbo a la muerte», añadió.

Por su parte, el Gobierno de Lakua lo consideró «una mala noticia para la defensa de los valores humanitarios». En este sentido, expresó su apoyo y solidaridad a todas las personas y entidades que en los últimos meses han puesto «lo mejor de sus esfuerzos para hacer realidad este proyecto humanitario». Además, precisó que en los próximos días mantendrá una reunión con los responsables de SMH y que tratará, en la medida de sus posibilidades, de desarrollar las gestiones que estén a su alcance para tratar de «superar los obstáculos que se han presentado».