El Gobierno francés no quiere poner un solo euro en colaborar con el protocolo de acogida de inmigrantes puesto en marcha en Baiona, que, a pesar de funcionar básicamente gracias al voluntariado, necesita de varios miles de euros mensuales para asistir a las docenas de personas que llegan cada día desde el otro lado de la frontera. Los euros los invierte París precisamente en los controles policiales, porque aunque huyan de la miseria y de la violencia, los inmigrantes llegan sin papeles y por tanto son ilegales, y por tanto culpables que no merecen un trato humano. Son culpables, como lo es Pablo Ibar, obligado a demostrar su inocencia ante una justicia que ya dictó veredicto condenatorio y que casi un cuarto de siglo después de los hechos invierte la carga de la prueba: no se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se es culpable hasta que se demuestre la inocencia. Algo que tendrán que demostrar nuevamente los jóvenes de Altsasu, encarcelados tras un juicio en el que las pruebas exculpatorias no sirvieron para revertir una condena previa convenientemente dictada y publicada en esos boletines oficiales del Estado que diariamente se venden en los kioscos españoles con el sobrenombre de periódicos. Son tiempos difíciles estos en los que la solidaridad, la verdad y la justicia son delito, tiempos en los que somos todos presuntos culpables.