El Estado francés, y también el español, dirigen la atención hacia Venezuela, construyendo un relato en el que la libertad y los derechos humanos se verían amenazados por la represión y brutalidad del gobierno bolivariano. Con demasiada facilidad se magnifican los defectos ajenos, cuando los propios pueden ser mayores. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esos dos Estados no tienen que irse hasta Caracas para encontrar muertos, heridos, mutilados y tuertos por la brutalidad policial. La represión de sus aparatos policiales resulta demoledora y deja un reguero de sufrimiento que solo puede calificarse de barbaridad.

Según publican diferentes medios franceses, en los últimos tres meses la represión contra el movimiento de los «chalecos amarillos» ha dejado un saldo de un muerto y más de 2.100 heridos, de los cuales 376 en estado grave, 17 que han quedado tuertos, 4 han perdido una de sus manos. Y en la mayoría de los casos, por el impacto de balas de goma, un arma que tanto dolor y tan reciente ha dejado en Euskal Herria. Sin ir más lejos, poco después de la sentencia por la muerte de Iñigo Cabacas en el que las autoridades ni admitieron, ni hicieron frente a los errores propios, ni asumieron la responsabilidad en la muerte injusta del joven bilbotarra, se acaba de celebrar el juicio contra el agente de la Policía española acusado de dejar tuerto al joven de Atarrabia Aingeru Zudaire. La forense no ha dejado dudas de que fue este proyectil el que le provocó la lesión, a lo que el acusado ha replicado cambiando su versión y afirmando ahora que no lanzó pelotas. Todo demasiado previsible y conocido.

En estos países, Policía, cargos políticos y judicatura piensan en cómo salir indemnes de estas barbaridades. Se dispara sin justificación, a bulto y/o a dar, sin aviso, sin auxilio. Y cuando ocurre desgracias, se montan versiones oficiales falsas y se estorba la investigación. Quienes debieran servir a la sociedad muestran así sus miserias.