En el Consejo de Gobierno de ayer, el Ejecutivo de Urkullu decidió finalmente rectificar y retirar el proyecto de ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para 2019. Lo hizo empujado por la evidencia de que no iba a conseguir apoyos suficientes para su aprobación. En su lugar llevará al Parlamento de Gasteiz tres proyectos de ley en los que agrupará los gastos que necesitan aprobación para que puedan ser ejecutados, al no haber sido capaz de acordar unos presupuestos para el año en curso. La rectificación es una buena noticia, ya que retira el trágala que había preparado a la oposición sin dar opción ni al debate ni a la posibilidad de enmendar, y abocándole a aceptar o rechazar todos los cambios conjuntamente. Este nuevo formato permite al menos que ciertas modificaciones puedan ser aprobadas y, al mismo tiempo, otras puedan ser rechazadas. De esta forma se abre una pequeña puerta al debate político.

No obstante, el Ejecutivo mantiene el trámite de lectura única que impide la presentación de enmiendas y obliga a aceptar o impugnar cada uno de los proyectos de ley en su integridad, sin ningún cambio. De este modo continúa apoyándose en un procedimiento que tiene sentido en determinadas leyes de gran trascendencia y complejidad, pero carece totalmente de lógica cuando se trata de aprobar cuestiones tan simples como son los límites de gasto en ciertas partidas presupuestarias. La forma elegida para la tramitación muestra que el Ejecutivo de Urkullu sigue atrapado en el mismo marco que le impidió aprobar los presupuestos: no puede pactar con aquellos que sí quiere y no quiere con aquellos que sí están dispuestos.

La gestión de las cuentas del Gobierno Vasco revela un politiqueo irresponsable de quien cree que los presupuestos públicos le pertenecen, cuando en realidad esos recursos son de toda la ciudadanía. El Ejecutivo de Urkullu continúa atenazado en su propio laberinto y además pretende que todo el país sea rehén de sus decisiones.