La Casa Blanca anunció ayer su intención de recaudar unos 8.000 millones de dólares para la construcción del muro con México, 6.600 millones de ellos mediante una declaración de emergencia nacional que se suman a los 1.375 millones aprobados por el Congreso, lo que abre una batalla con sus opositores.

Antes incluso de que el Congreso aprobara el jueves una propuesta presupuestaria que incluía 1.375 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, que el presidente, Donald Trump, ratificó ayer y evita un nuevo cierre parcial de la Administración, el mandatario anunció su intención de declarar el estado de emergencia nacional para poder arañar más fondos federales con los que llevar a cabo su proyecto.

Trump aspira así a recaudar unos 8.000 millones de dólares –una cuantía muy por encima de los 5.700 millones de dólares solicitados inicialmente por la Casa Blanca– para construir unos 376 nuevos kilómetros de barrera fronteriza que estaría formada por postes de acero y no sería, por tanto, un muro de hormigón, según la Casa Blanca en la frontera sur.

La intención del Gobierno es obtener los fondos de los Departamentos de Defensa y Tesoro. En total, se transferirían 6.000 millones de dólares del Pentágono (2.500 millones de su partida para la lucha contra el narcotráfico y 3.500 millones de su presupuesto para construcción de instalaciones militares) y los 600 millones restantes procederían del fondo de confiscaciones por drogas del Tesoro.

Este tipo de declaración otorga temporalmente al presidente de EEUU un poder especial para hacer frente a una crisis. Trump tendrá que argumentar, por tanto, que la llegada de inmigrantes «sin papeles» y la entrada de drogas por la frontera con México requiere medidas urgentes y extraordinarias. «Estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, narcotraficantes, todo tipo de criminales y de pandillas», defendió. Pero el Instituto de Estudios de Política Internacional dice que «no existe una crisis en la frontera precisamente por las restricciones impuestas a la inmigración».

Trump ha tomado esta decisión a sabiendas de que será el principio de una batalla legal. Reconoció que ahora espera que se interpongan medidas judiciales contra su declaración. Y, casi de inmediato, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la decisión generará «una crisis constitucional» y que por ello la recurrirá. También el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, amenazó con demandar al presidente.

En filas demócratas creen que se incurre en un grave abuso de poder y ven en esta decisión una baja maniobra política de un presidente debilitado por la pérdida de la Cámara de Representantes en noviembre y su retiro a fines de enero del enfrentamiento con el Congreso por el tema de la inmigración.

Grupos civiles y políticos rechazaron la emergencia nacional al considerar que se «burla» del Congreso y representa un «teatro político» de una crisis que es «humanitaria», creada por el Gobierno. «Qué vergüenza para cualquier miembro del Congreso que no se oponga clara y vigorosamente a esta invocación ilegítima» de una emergencia nacional, señaló la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

El Congreso tiene el poder de impugnar cualquier decreto de emergencia. Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, han prometido «responder adecuadamente» sin desestimar la vía judicial.

Un procedimiento excepcional que plantea objeciones

La emergencia nacional decretada por Donald Trump para financiar su muro es un procedimiento usado en circunstancias excepcionales, que ya utilizaron sus predecesores, pero que plantea objeciones.

La Ley de Emergencias Nacionales autoriza al presidencia a invocar una urgencia nacional para evitar al Congreso y activar poderes extraordinarios previstos siempre que se especifiquen cuáles. Permite proclamar la ley marcial, restringir libertades, requisar propiedades privadas, movilizar a la Guardia Nacional o emplear el presupuesto del Ejército para «proyectos de construcción militares», pero l muro no parece entrar en esa categoría.

Muchos presidentes han recurrido a este procedimiento. Gran número de decretos se renuevan cada año y más de una veintena de decretos están vigentes. George W. Bush declaró emergencia tras el 11S; Barack Obama levantó las disposiciones del secreto médico tras la epidemia de gripe H1N1 en 2009, y Jimmy Carter lo hizo tras la crisis de los rehenes en la Embajada de EEUU en Irán. Esta ley se ha utilizado con frecuencia para sancionar a Venezuela, Sudán o Zimbabwe.

Trump se basa en una supuesta crisis migratoria que amenaza la seguridad nacional. Una afluencia de inmigrantes tal que las autoridades no puedan gestionar permite invocarla, pero los datos desmienten esa supuesta «invasión».GARA