María Pérez de Larraya e Iratxo Bakedano, dos de los tres activistas navarros que fueron expulsados de El Aaiún en enero, comparecieron en el Parlamento junto a Ahmed Brahim Ettanji, activista saharaui y presidente de Équipe Media. Relataron que estuvieron cuatro días en la capital saharaui, donde mantuvieron contactos con familiares de presos políticos y otros activistas.

La Policía marroquí los trasladó a un control de carreteras en los accesos a la capital saharaui y les golpeó para interrogarles. Además, revisaron sus teléfonos móviles rastreando sus mensajes de WhatsApp y de correo electrónico. Cuando les devolvieron los aparatos tenían toda la información borrada. Fueron trasladados a Agadir y posteriormente a Marrakech, donde trataron de contactar con el cónsul español, quien les comunicó que no podía hacer nada. Ante la situación, optaron por volar a Lisboa.

Asimismo, denunciaron la situación de los presos políticos saharauis, muchos de los cuales tienen condenas de más de 20 año o perpetuas por participar en el campamento de Gdeim Izik o defender el derecho de autodeterminación saharaui. Se encuentran a 1.300 kilómetros de Sahara Occidental, lo que impide a sus familiares visitarles de manera normalizada. Además, padecen tortura sistemáticamente.

Junto a ello denunciaron que Sahara Occidental sufre, además de la ocupación militar, un bloqueo informativo y un expolio económico, que afecta al pescado, fosfatos, pepino de mar, arena, diamantes y oro. El 70% de estos recursos expoliados se destinan al Estado español.

Destacaron la responsabilidad que tiene el Estado español por su papel de antigua potencia colonizadora, además de la UE, y reclamaron soluciones reales como el reconocimiento de la RASD, una postura compartida por los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Orain Bai e I-E.