M.D.
IRUÑEA

El informe de sanfermines de 1978 cuestiona la versión oficial

El informe sobre sanfermines de 1978 al que se ha tenido acceso gracias a la intervención de EH Bildu cuestiona aspectos esenciales de la versión oficial, según señaló ayer en una nota Sanfermines 78 Gogoan. Este colectivo anunció que el 2 de marzo realizará una presentación pública de estos documentos y anunciarán las iniciativas legales y políticas que impulsarán las próximas semanas. El Gobierno español negó la existencia de esta documentación.

La documentación de la época a la que ha tenido acceso Sanfermines 78 Gogoan tras la intervención de los diputados de EH Bildu «pone en cuestión aspectos esenciales de lo que ha sido considerada como versión ‘oficial’ de aquellos sucesos», según destaca este colectivo en una nota, en la que avanza que presentará sus conclusiones en una comparecencia pública prevista para el 2 de marzo. En la misma, anunciarán además las iniciativas legales y políticas que impulsarán las próximas semanas.

El informe al que han accedido es un compendio de tres documentos específicos suscritos por el entonces gobernador civil de Nafarroa, Ignacio Llano; el general jefe de la Segunda Subinspección General de la Policía Armada, Dionisio Bartrech; y el subdirector general de Dirección General de Seguridad de la época. Este último fue enviado por el ministro del Interior de 1978, Rodolfo Martín Villa, para crear la versión oficial.

Sanfermines 78 Gogoan explica que el informe no hace referencia solo a la muerte de Germán Rodríguez en la Plaza de Toros de Iruñea, sino también a los hechos que se registraron en los días sucesivos en otros lugares de Euskal Herría.

Así, los papeles hacen mención a la muerte de Joseba Barandiaran en Donostia el 11 de julio de ese año, cuando participaba en una protesta contra la muerte de Germán Rodríguez, y a la ocupación policial y posterior pillaje que las fuerzas policiales llevaron a cabo en Errenteria el 14 de julio.

Por ello, Sanfermines 78 Gogoan tiene intención de remitir estos informes próximamente a los Ayuntamientos de Donostia, Iruñea y Errenteria, así como a los familiares de Joseba Barandiaran y Germán Rodríguez y al Fondo Documental de Memoria Histórica de la Universidad Pública de Nafarroa (UPNA).