Nuevo lunes de movilizaciones protagonizado por los pensionistas que continúan reclamando mejoras en sus pensiones y cambios estructurales en el sistema público que garanticen unas pensiones dignas a largo plazo. Aprovecharon la convocatoria para interpelar a los partidos políticos con el objeto de que aclaren cuáles son los compromisos con las pensiones que adquieren de cara a las próximas citas electorales.

La movilizaciones de ayer recordaron también el centenario de la instauración en el Estado español del Retiro Obrero Obligatorio. Un seguro para hacer frente a la vejez que se implantó tras varios reveses de los seguros sociales voluntarios. Unos fracasos que también dejaron algunas lecciones que conviene no olvidar. Una de las primeras iniciativas para asegurar la vejez fue protagonizada por la Caja de Ahorros de Gipuzkoa, que abrió en 1900 una sección de retiro. Posteriormente, una iniciativa similar fue liderada por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Ambas iniciativas fracasaron porque no fueron capaces de captar aportaciones de los trabajadores. Lógicamente, cuando los salarios rozan la miseria, la capacidad para ahorrar y aportar a estos seguros voluntarios es ínfima, y las bienintencionadas y filantrópicas intenciones de sus impulsores se topan con la cruda realidad, que exige algo más que altruismo y caridad. Finalmente, estos reveses y la pujanza de la lucha obrera forzó la implicación del Estado, que terminó implantando un seguro obligatorio en 1919.

Una historia que a todas luces pretenden reproducir en la actualidad, pero en sentido contrario y con otro objetivo menos loable: reducir a mínimos las pensiones públicas para incentivar las privadas. No obstante, la caída de los salarios y de la capacidad de ahorro condenan este intento al fracaso. Unas pensiones públicas de miseria solo traerán más penuria y más estrecheces. Es tiempo de consolidar derechos y de recuperar soberanía sobre el futuro del país.