Se puede hacer una televisión ética que favorezca el conocimiento, la convivencia, la inteligencia creadora y la curiosidad por el saber». Son palabras de Lolo Rico que se recordaban, con nostalgia, cuando falleció el pasado enero. Nostalgia no por aquel proyecto que canalizó la creatividad del momento con su emblemática “Bola de Cristal” y se dirigió sin miedos a la infancia. Nostalgia porque tres décadas después haya que hacerse la pregunta que nos plantea este periódico, el para qué una televisión pública. Si surge la pregunta es porque hay quien duda de la utilidad.

Pero hay quienes creemos en los servicios públicos, porque son los que garantizan los derechos sociales. Pasa con la sanidad, con la educación, y también con el derecho que tiene la ciudadanía a que los medios de comunicación le garanticen el acceso a la información veraz, a un conocimiento real de lo que ocurre, que es a lo que aspiramos quienes elegimos el periodismo como profesión, y a la producción cultural.

Esto también está en el origen de nuestra radiotelevisión pública. Es lo que está en la ley que sigue en vigor y que se debe poner al día. Porque Euskadi fue pionera en desarrollar un sistema audiovisual propio en 1982, fue pionera en que su dirección general fuera elegida por el Parlamento y no por designación gubernamental en el 96, y fue pionera en abrir su Consejo de Administración en el 98 a otras entidades ajenas a las direcciones partidistas.

Pero siendo pioneros en todo esto, nos hemos ido cargando de lastres. El lastre de la dependencia política. El de la falta de adaptación a la era digital. El de un euskera que ha perdido terreno en EiTB justo cuando más lo ha ido ganando en la sociedad. El de una gestión que sigue las inercias de décadas atrás. Para eso era necesario un debate público, que el PSE-EE intentó promover hace tiempo, pero que está siendo posible en esta legislatura. Lo importante es que en esa tarea hay una serie de asuntos que ya pusimos sobre la mesa y donde constatamos muchas coincidencias que nos hacen pensar en un acuerdo.

Ocurre con la idea de la propia organización empresarial: única empresa con único convenio que garantice los derechos laborales pero que, con una formación adecuada y permanente, permita desarrollar una carrera profesional completa, dirigido por una especie de Consejo de Gobierno operativo y ejecutivo, con miembros de contrastada experiencia elegidos mayorías cualificadas para mandatos superiores a una legislatura, que exija consensos que superen las mayorías coyunturales. Dicho gobierno corporativo requeriría además mecanismos que garanticen su independencia con respecto a cualquier poder político, pero también mecanismos que regulen situaciones de interinidad y de destitución. Se trata de evitar situaciones que ya han ocurrido: que un director general que ha sido elegido por mayoría absoluta pueda permanecer más tiempo del periodo para el que fue designado por falta de mayorías alternativas, que pueda cesar y ser sustituido por personas que no hayan sido elegidas por el Parlamento, o que una mayoría de dos tercios llegue a pedir el cese y este no se produzca porque el Gobierno desatienda una contundente y plural voluntad política por parte de la misma institución que ha elegido a la persona.

Habría que repensar igualmente el actual Consejo de Administración. Una propuesta sería reconvertirlo en una suerte de Consejo Asesor reforzado, en vez de Consejo de Administración simulado, como es en la actualidad. De nada sirve que este Consejo tenga que aprobar presupuestos con determinadas mayorías, si en el caso de no conseguirlas no tiene efectos. O que repruebe una dirección pero el Gobierno no proceda al cese, pervirtiendo la intención del legislador. Una idea sería que la presencia política se redujera a una persona propuesta por cada grupo, una por cada sindicato representativo, otra en nombre del Ararteko, de Emakunde… y de otro tipo de asociaciones u organizaciones que tuvieran algo que decir sobre los contenidos del servicio público.

También habría que reformular el concepto del contrato-programa, porque en la actualidad se ciñe a un compromiso entre la dirección y el Gobierno. Si la financiación en última instancia depende de los presupuestos que apruebe el Parlamento, ese contrato programa debería ser avalado por el propio Parlamento, que se suscriba para largos periodos de tiempo que permitan una financiación estable, y que tenga mecanismos de evaluación permanentes.

Y es imprescindible un compromiso nítido con los creadores, con la industria audiovisual vasca en su sentido más amplio: actores y actrices, guionistas, personal técnico... Porque es en los contenidos donde se va a producir la gran batalla que está librando ya, pero que será más intensa en el futuro, y en Euskadi contamos con personal competente, con ideas y con ganas, de proyectarse en productos que puedan ser seguidos en cualquier parte del mundo.

Estos apuntes resumidos sobre un proyecto audiovisual no pueden eludir un compromiso ineludible de cualquier servicio público: que garantice que sea asumido por todos y todas como algo propio. Y esto, en el caso audiovisual, requiere un compromiso inequívoco con la pluralidad de ideas e identidades que tenemos en esta tierra, y un compromiso editorial inequívoco que no admita la justificación de una sola violación de derechos humanos ni de la dignidad humana. Porque no se puede limitar el debate que está abierto a cuántos canales queremos, ni en qué idiomas. Tenemos que buscar esa idea acertada de Lolo Rico que citaba al principio. En la futura EiTB deben estar la ética, el conocimiento, la convivencia, la inteligencia y la curiosidad. Una EiTB en la que todas y todos nos podamos reconocer.