El presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió ayer mantener los lazos amarillos en los edificios públicos tras vencer el último plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC), a la vez que se ha comprometido a acatar, esté o no de acuerdo, el criterio del Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) sobre qué hacer en este asunto.

El plazo venció sin que Torra accediese a retirar los símbolos que piden la libertad de los presos políticos catalanes.

La JEC planteó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales.

Ayer, Torra envió un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la «imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado» debido al gran número de edificios públicos que gestiona la Administración catalana. La respuesta de la JEC fue inmediata, negándose a concederle más tiempo.

Además, el president pidió al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un informe sobre qué «si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones», según informó la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi. Añadió que informó al Govern de que, «esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones», que espera recibir esta mañana.

El Govern ha decidido no aplicar la resolución de la JEC y sí acatar al Síndic, y Artadi defendió que esto responde a la lógica de que la Generalitat debe atender siempre a las consideraciones de «instituciones propias».

Explicó que la decisión de mantener el lazo en la fachada es personal del president y que él mismo ha dado libertad a la consellers para actuar como consideren oportuno en sus respectivos departamentos, pero aseguró que hay una posición unánime de todo el Govern de mantener los lazos.

Según fuentes del Ejecutivo español, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat –de lo que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra–, previo informe de la Delegación del Gobierno en Catalunya sobre el grado de incumplimiento. Ayer por la tarde ya remitió un escrito en el que detalla que por la tarde una docena de edificios del Govern, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.

En la resolución del lunes, la JEC avisaba a Torra de que «de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir» si persistía «en la desobediencia».

En concreto, el Código Penal prevé multas e inhabilitación para autoridades o funcionarios públicos que se nieguen «abiertamente» a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior.

 

Reproches de Marchena a las defensas

El presidente del tribunal que juzga el procés, Manuel Marchena, reprochó ayer a las defensas que intenten construir «una especie de juicio por escrito en paralelo» contra las decisiones de la Sala, en una jornada en la que los primeros guardias civiles en testificar presentaron un escenario terrorífico el 20S, que las defensas supieron neutralizar.

Marchena mostró su malestar por los escritos de varias defensas en los que denuncian indefensión, entre otras razones, por negarles su petición de mostrar vídeos durante las declaraciones de los testigos. Circunstancia que se repitió ayer, durante la testifical de un guardia civil responsable del registro en la Consellería de Exteriores, quien relató que se vivió un escenario de violencia en el que incluso intentaron «sustraer» a un detenido ante la pasividad de cinco o seis mossos. El juez interrumpió a la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, cuando dijo que hay un vídeo aportado por las acusaciones en el que aparecen una veintena de mossos dando auxilio a los guardias civiles creando un pasillo.GARA