GARA
BILBO

Un 15% de los hogares tiene problemas para afrontar las facturas de la energía

Cambiar los hábitos de las personas consumidoras, pero también de las empresas que suministran la energía y de las administraciones que regulan el mercado, es el objetivo de una campaña lanzada por la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer, en Bilbo, una campaña para «darle la vuelta al mercado de la energía y mejorar la posición del consumidor», proporcionándole información sobre «un mercado complicado y, en muchas ocasiones, hostil para los consumidores». Y es que, según los datos que aportó, en la CAV un 15% de los hogares tiene problemas para hacer frente a las facturas de gas y electricidad.

La OCU critica que en el Estado español el mercado de la energía «sigue siendo un oligopolio donde el 93% de los consumidores está en manos de cinco grandes grupos energéticos, y donde el 78,6% de los consumidores, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no conoce la diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado».

Además, como recogió Europa Press, denunció que «desde hace diez años, fecha en la que se aprobó la Tarifa de Ultimo Recurso, lo que hoy se conoce como PVPC, la factura de la luz ha crecido un 34%». En enero, la factura media ascendía a 807 euros, lo que supone «un incremento de más de 200 euros» desde el mismo mes de 2009.

De esta manera, la energía eléctrica se ha incrementado en ese periodo «el triple que el IPC» y el Estado español se sitúa a nivel europeo «entre los países con una factura más cara, solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda».

Entre las razones que explican esta circunstancia, la OCU cita «el déficit de tarifa heredado, la abultada factura de los peajes y otros cargos, y un sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad que otorga beneficios extraordinarios a las empresas en detrimento de los consumidores».

Bono social automático

La OCU también abordará en esta campaña la situación del bono social, que ha experimentado «un importante descenso» en su número de beneficiarios tras la reforma realizada.

Esta organización reclama que el acceso al bono social sea «automático a propuesta de las comercializadoras». Mientras, seguirá trabajando para informar a todos los posibles beneficiarios de su existencia y facilitar su tramitación.