La consejera de Educación compareció ayer ante los medios en Gasteiz, junto con la viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, para explicar a la opinión pública en qué terminos está desarrollando su actuación «discreta» en el conflicto «laboral» que afecta a la red de enseñanza concertada de iniciativa social.

Con el respaldo de ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, profesoras y profesores han protagonizado ya 21 jornadas de huelga en los dos últimos cursos (cuatro en este mes de marzo) con el objetivo de mejorar las condiciones en las que desempeñan sus funciones, después de un largo periodo marcado por los recortes, con salarios congelados y el convenio sin renovar. Además, hay convocadas nuevas jornadas de huelga del 1 al 4 abril, y los días 8 y 9 de mayo.

De entrada, Cristina Uriarte intentó de nuevo colocar al Gobierno de Lakua al margen del conflicto en sí mismo, de modo que quedaría exento de responsabilidad en el «daño objetivo» que, según remarcó, se está haciendo a alumnas y alumnos, así como a sus familias.

La red de iniciativa social engloba a 250 colegios, que representan el 70% de la educación concertada en la CAV. En estos centros trabajan cerca de 9.000 personas y estudian alrededor de 107.000.

Después de dedicar la mayor parte de su intervención a echar balones fuera, Uriarte explicó que la línea de trabajo de su departamento en las «numerosas reuniones» mantenidas durante los últimos meses «se ha centrado en la posible incidencia que la evolución demográfica, con un descenso de la natalidad, pueda tener en los centros educativos». «Con el objetivo de afrontar mejor esa situación en un futuro próximo –añadió–, esta línea de trabajo pivota en dos ejes: por una parte, un sistema de recolocación y, por otra, facilitando el relevo generacional entre el profesorado».

Los focos mediáticos

Volviendo a la línea habitual que mantiene el Gabinete de Iñigo Urkullu, la consejera reiteró que «no le corresponde» al Departamento de Educación «inmiscuirse en el ámbito de las condiciones laborales», ya que, a juicio, es un campo limitado a «las patronales y sus trabajadores y trabajadoras», aludiendo a la negociación colectiva.

Indicó que, no obstante, el papel del Ejecutivo es «ayudar en un ámbito tan sensible como el mantenimiento de puestos de trabajo ante la bajada demográfica, y ahí derivamos nuestro esfuerzo».

«Vamos a seguir trabajando, como hasta ahora», concluyó. Anteriormente había explicado que, «durante estos últimos meses y de un modo discreto», han «intensificado» los contactos con todas las partes «fuera de los focos mediáticos».

Asumió que «es legítimo que cada cual defienda su particular punto de vista» aunque a continuación señaló que en este caso «se antoja necesario que cada parte module sus intereses y priorice el interés fundamental, que sin duda es el del alumnado». «Se trata de una situación compleja y, por ello, resulta fundamental que todos actuemos con responsabilidad, especialmente las patronales educativas y los sindicatos, como partes enfrentadas en este conflicto laboral», reiteró Uriarte.

Por otro lado, la consejera se quejó de que «en más de una ocasión» el Ejecutivo ha sido acusado «de no actuar» por personas que «han sido conocedoras en todo momento» de la labor que está llevando a cabo.