Alan García murió mientras era operado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción y lavado de activos vinculados al «caso Odebrecht». El gigante de la construcción brasileña admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014. Los cuatro últimos expresidentes han estado en la mira de la Justicia desde que se destapara, en diciembre de 2016, el escándalo de corrupción de Odebrecht. Según EEUU, esta ha distribuido en una década un total de 788 millones de dólares en una docena de países de América Latina a cambio de contratos.

El dos veces presidente de Perú (1985-1990 y 2006-2011), de los 69 años de edad, ingresó en el hospital con un disparo de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida.

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para detenerlo de forma provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Según relató el ministro del Interior, Carlos Morán, al llegar los agentes «ingresó a su habitación y cerró la puerta, a los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y (la Policía) lo encontró en posición de sentado con una herida en la cabeza». De inmediato se le trasladó al hospital y se suspendió la diligencia judicial.

Junto a García, que insistió en su inocencia y en su disposición a colaborar con la Justicia, se ordenó la detención del exsecretario presidencial Luis Nava y de Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del exmandatario y señalados como sus testaferros. Y las del exministro Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, y de otros cinco exfuncionarios de su segundo Gobierno.

Complicaciones

La situación legal de García se complicó después de que el domingo se difundiera que Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que Nava y su hijo José Antonio recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre y le fue denegado por Montevideo tras 16 días en la Embajada. La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país.

La Fiscalía peruana sospecha que el expresidente y otras 21 personas aseguraron a la empresa holandesa ATM Terminals una concesión portuaria en 2011 cuando era presidente.