EDITORIALA
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Urgencias para ahogar el fuerte rechazo social

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa decidió ayer modificar el contrato de construcción y explotación de la incineradora de Zubieta para que comience a funcionar antes la planta de tratamiento mecánico-biológico que reducirá el volumen y el peso de la fracción resto. Según sus cálculos, un adelanto de tres meses ahorrará unos 890.000 euros, reducirá en 83.000 km el transporte de residuos y disminuirá el volumen a depositar en los vertederos de Mutiloa y Bizkaia.

Sin entrar en otras consideraciones sobre ese proyecto, que sigue contando con un amplio rechazo social, la decisión tomada ayer por GHK ilustra perfectamente la importancia que tiene que las inversiones públicas –al igual que las privadas– se ejecuten rápido y comience su explotación a la mayor brevedad posible. El ahorro de costes es uno de los efectos económicos positivos más evidente, pero no es desde luego el único; dependiendo del tipo de proyecto que sea puede haber otros tanto en la producción como en el empleo. Por ello, resulta si cabe todavía más injustificable que se continúe enterrando dinero en el proyecto de alta velocidad que ha vuelto a retrasar su fecha de entrada en funcionamiento a 2024, con lo que probablemente pasen más de 20 desde que comenzó su construcción hasta que tenga alguna utilidad, mínima en cualquier caso, para la sociedad vasca. Cuatro lustros invirtiendo fondos que podían haber tenido un uso alternativo en sanidad, enseñanza o asistencia social, creando nuevos puestos de trabajo y mejorando esas infraestructuras sociales. Si la incineradora supera los 200 millones, la inversión inicial en el TAV era 20 veces mayor, y en la actualidad nadie se atreve a dar cifras del coste final.

Las prisas por poner en marcha algo en Zubieta responden a una política de hechos consumados que pretende contrarrestar y ahogar el importante rechazo social que continúa generando la incineradora. Como testigo de la ineficiente política inversora ahí seguirá la «Y vasca».