Cuando se hizo pública la sentencia del caso Cabacas, Jorge Aldekoa dimitió por propia iniciativa de su cargo de jefe de la Ertzaintza. Aunque el fallo le eximía penalmente, le señalaba por el descontrol de operativo y la posterior ausencia de una investigación digna de tal nombre. Pero solo un fin de semana tardó el Departamento de Seguridad para darle una nueva tarea en la Ertzaintza, esta vez con el cometido de asesorar en la modernización de la Brigada Móvil. Si los responsables políticos reconocieron entonces errores de praxis y la necesidad de hacer autocrítica, este nombramiento indica que la voluntad de cambio que expresaron en aquel momento se ha evaporado totalmente.

Y otros hechos han venido a corroborar ese inmovilismo. Hace apenas diez días una carga de la Ertzaintza en Bilbo dejó a una joven con la mandíbula destrozada por el impacto de un proyectil tipo foam. Una herida que solo puede producirse por un golpe directo y que, por tanto, apunta a un uso incorrecto del nuevo material. A pesar de las evidencias y de la grave herida infligida a la manifestante, tanto el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, como el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, han defendido sin matices la actuación de la Policía autonómica aquel día. Ni errores, ni autocrítica, nada que objetar a una actuación cuando menos desproporcionada. Para completar el panorama de actuaciones improcedentes, ayer se conoció que dos ertzainas están siendo investigados por el juzgado de Getxo acusados de agredir a una mujer detenida.

A pesar de las intenciones expresadas por los responsables políticos de la Ertzaintza tras el fallo del caso Cabacas, la realidad indica que en Lakua no existe voluntad para encarar una reforma en profundidad de la Policía autonómica que modifique objetivos y métodos de actuación, que termine con la escasa profesionalidad y los códigos antidemocráticos. La defensa de los derechos de las personas debería estar por encima de los intereses corporativos.