La Autoridad Vasca de la Competencia –organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Lakua– entiende que las cláusulas sociales de igualdad de género en la contratación pública no suponen una restricción de la competencia, según el dictamen que hizo público ayer.

Estas cláusulas para fomentar la igualdad de género en los contratos públicos pueden primar la contratación femenina o la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, siempre y cuando la medida concreta adoptada esté justificada para alcanzar esos objetivos sociales.

Entiende la Autoridad Vasca de la Competencia que el establecimiento de criterios de adjudicación que contengan perspectivas de género no supone una restricción efectiva de la competencia, ya que no genera una barrera de entrada a la licitación. No obstante, matiza que, si la ponderación que se otorgase a la puntuación total de este tipo de criterios de adjudicación fuese muy elevada, «sí podrían constituir una barrera».

Por ello, considera que debería realizarse un análisis previo para que los criterios de adjudicación sean «proporcionales».