¿Se atreve a fijar una prioridad de su formación para Bizkaia?

Intentar bajar la tasa de desempleo lo máximo posible impulsando la industria, la economía de cuidados y el comercio local. A nivel industrial, planteamos promocionar sectores que tengan que ver con las energías renovables, con la eficiencia energética, con la gestión de los residuos, donde podemos ser punteros. La industria es donde se generan empleos más estables, de calidad y en mejores condiciones.

Potenciar toda la economía de cuidados, sacarlos del espacio privado y llevarlo al público garantizando las condiciones laborales de las mujeres, que son mayoría. Otro ámbito de trabajo es el que tiene que ver con la potenciación del comercio local, de apoyo a los comerciantes. Lo que planteamos son ayudas fiscales para pymes, medianas y pequeñas cooperativas, y para el sector de la economía circular.

Al margen de incentivos fiscales para apoyar al comercio y una ley que regule las grandes superficies, ¿qué proponen?

No es factible que apoyemos al comercio mientras seguimos abriendo grandes infraestructuras, que evidentemente tienen unos precios mucho más competitivos que lo que puede tener el mercado local. Se trata por un lado de amortiguar ese impacto, pero también como consumidoras tenemos que revisar nuestros hábitos de consumo. Tiene que ver mucho con el medio rural, con el consumo de productos ecológicos de proximidad. Y luego está la necesidad de apoyos para tener crédito. Muchos no tienen capacidad para tener liquidez, y cuando quieren conseguirla pues tienen que avalar con su casa, con la casa de sus padres...

¿Cuáles son sus propuestas en materia fiscal? El Gobierno foral habla de una fiscalidad progresiva...

No nos parece que sea una fiscalidad progresiva, y sobre todo no es justa ni igualitaria. Cuando hablamos de la falta de justicia, nos referimos a que, pese a que tenemos una presión fiscal que es prácticamente la mitad de la media europea, la mayor parte recae sobre las rentas del trabajo. Hay un 32% de la recaudación que recae sobre rentas del trabajo mientras que en las de capital solo el 12%. Hay un desequilibro muy evidente y esto hay que corregirlo, igualarlo lo antes posible, y que quien más tiene sea quien más pague tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Hay que crear nuevas franjas para así hacerlo más progresivo. Hay que aumentar los tipos en las partes más altas de la tabla.

Rementeria defiende que no se pueden acoger a más menores extranjeros no acompañados.

Vamos a exigir que sea cual sea el número de niños y niñas que vengan, se les atienda con dignidad y en condiciones de igualdad respecto a otros menores. Lo que no vamos a defender son centros donde la ocupación supera con mucho el número de plazas que tienen, porque incide directamente en la calidad de la atención. No se pueden hacer así procesos individualizados, pensar cómo voy a incorporar socialmente a cada una de esas personas, que son individuos diferentes y diferenciados los unos de los otros, con intereses distintos, con dolores, muy diferentes...

Vamos a apostar por servicios residenciales más pequeñitos, donde se les puedan dar esa atención de calidad. Sobre todo, no podemos regalarles una maleta cuando cumplen 18 años y dejarles en la calle. A esa inversión que hemos hecho tenemos que darle continuidad y generar procesos de apoyo a la emancipación con apoyo en vivienda y formación, porque si no, lo que hemos hecho no ha servido para nada, pero además generamos unas frustraciones terribles y rompemos vidas.

La palabra fraude se ha repetido a lo largo de cuatro años. ¿Es tal el fraude en las ayudas para que sea una prioridad foral?

A mí me parece una vergüenza que esta Diputación se haya gastado 600.000 euros en la campaña ‘‘Ayudas sí, control también’’, cuando tenemos un 0,5% de fraude, que es una nimiedad, en comparación con lo que defraudan las grandes empresas, los que tienen grandes patrimonios... Esos sí que defraudan un dineral que nos daría para duplicar el presupuesto que tiene la Diputación a día de hoy.