Cuatro días. Es lo que han durado como diputados los cuatro presos políticos catalanes elegidos democrática y legalmente el pasado 28 de abril. El tira y afloja entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados a cuenta de su suspensión se zanjó ayer con la claudicación de la Mesa de la Cámara Baja, que tras recibir un informe favorable de los letrados de la institución decidió suspender a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. La Mesa lo decidió con los siete votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y la oposición de los dos representantes de Podemos.

En primer lugar, la decisión abre una discusión jurídica interesante, pues no está para nada claro que la Mesa pueda tomar una decisión así sin pasar por el Pleno. En el caso del Congreso existe un vacío legal al respecto, mientras que en el Senado, el Reglamento establece que la autorización del Pleno para juzgar a un representante «será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador». La suspensión de Raül Romeva puede no ser tan rápida.

Volviendo al Congreso, la Mesa justificó su decisión no apelando al reglamento, sino a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión en el momento en que se dicte auto de procesamiento por «rebelión» o «terrorismo». Ese momento, sin embargo, se produjo en julio de 2018, por lo que la discusión entre juristas está servida. De momento, los afectados pidieron ayer a la Mesa una reconsideración de su decisión, primer paso antes de emprender otras medidas adicionales.

Con todo, ni en un día así las dos fuerzas en liza en el seno del soberanismo dieron una respuesta conjunta. Desde JxCat, anunciaron ayer mismo que recurrirán al Tribunal Constitucional y, de ser necesario, a los tribunales europeos. Desde ERC, sin embargo, se puso el foco en las elecciones europeas, a las cuales Oriol Junqueras acude como cabeza de lista de Ahora Repúblicas –en coalición con EH Bildu y BNG– y como candidato a la presidencia de la Comisión Europea por parte de ALE. «Nos han suspendido en España pero no lo podrán hacer en Europa», se publicó en la cuenta de Twitter de Junqueras.

Mayoría adulterada

Pero más allá de los debates jurídicos y los recursos a instancias superiores, hay un elemento previo que sitúa la suspensión de los diputados presos fuera del ámbito puramente legal, para colocarlo en el centro de una cuestión de democracia básica: con cuatro parlamentarios menos, el Congreso de los Diputados no refleja ahora mismo el mandato de las urnas del pasado 28 de abril.

La Mesa encargó ayer otro informe a los letrados para saber cómo debe proceder ahora con los cuatro escaños vacíos. Al mismo tiempo, tanto JxCat como ERC pueden decidir que los diputados suspendidos renuncien al acta y se corra la lista electoral –Esquerra lo iba a hacer igualmente antes de la constitución del Parlamento Europeo–, pero mientras no ocurra nada de eso, el Congreso tiene 346 diputados, en vez de 350.

Eso rebaja la mayoría absoluta a los 174 diputados, cuestión no menor, porque la suma de PSOE, Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y PRC llega exactamente a los 175 escaños. Son los que consiguió Batet para presidir el Congreso, pero ella tuvo que someterse a una segunda votación porque la mayoría absoluta, el pasado martes, estaba en 176 votos. Si la investidura se hace con cuatro diputados independentistas menos, Pedro Sánchez podría ser investido presidente en la primera votación.