Es fácil de entender: cuando un juez quiere juzgar a un diputado debe pedir permiso al Congreso, cuyo Pleno es soberano para otorgar la autorización o negarla. En el presente caso existía un vacío legal, pues en ningún sitio está escrito qué hacer cuando un diputado asume el cargo en pleno juicio. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Cs, decidió ayer suplir ese agujero de la forma más autoritaria y antidemocrática posible: haciendo de recadera del Supremo, usurpando las funciones del Pleno y lanzando a la basura millón y medio de votos catalanes.

La suspensión de los diputados presos estaba cantada; uno se puede indignar por ello, pero no hacerse el sorprendido. No era tan fácil anticipar, sin embargo, que la vía elegida para hacerlo fuese a suponer un nuevo salto al vacío en el abismo autoritario.

El despropósito evita al Borbón tener que saludar a un preso político y salva a los 123 diputados del PSOE de tener que votar por la suspensión de aquellos a los que hace cuatro días exigía que nombrasen a Iceta senador en nombre del diálogo –por cierto, atentos al Senado, suspender a Romeva puede no ser tan cómodo–. En cualquier caso, lo más grave es que, si los suspendidos no son sustituidos, la decisión de la Mesa alterará las mayorías surgidas de las urnas, permitiendo a Pedro Sánchez ser investido en primera vuelta sin contar con el independentismo. Que le pregunten al diputado Patxi López si el PSOE aceptará ese dopaje para alcanzar la Moncloa. La pregunta siguiente es retórica, pero: ¿le ayudarán Podemos y PNV?