La asociación de solidaridad y ayuda a los migrantes Cimade presentó su noveno informe anual. Respecto a Hendaia, las cifras que se dieron a conocer muestran que la gran mayoría de personas encerradas son hombres, un 93%; un 4,5% son mujeres y 19 están declaradas como menores. La gran mayoría de las personas fueron liberadas (67,2%), y el 26,8% fueron expulsadas, el 15,9% de ellas fuera de la Unión Europea, y el 10,8% a otro país de la Unión o del espacio Schengen. La media de la retención en la ciudad labortana fue de 17 días.

La procedencia de los migrantes es en su gran mayoría africana, y sobre todo del territorio francófono. Así el 22,2% tiene como país de procedencia Argelia, un 15,1% Marruecos, un 8% Túnez, un 5,7% Guinea y un 4,3% Mali, entre otros. También llegan desde países como Albania, 3,4%, y Georgia, 2,8%.

A nivel estatal 45.000 personas fueron encerradas en centros de retención, 19.000 de ellas en territorios de ultramar. En la zona metropolitana el 56,2% de las personas retenidas fueron liberadas, y en ultramar el 49,8%.

Ocupación máxima

Respecto al centro de Hendaia, Cimade denunció el uso extensivo de la retención –de 45 a 60 días–, la orden de los prefectos de detener a toda persona en situación irregular (lo que acarrea la ocupación máxima en todo momento), las prácticas abusivas y el gran número de personas encerradas con enfermedades sicológicas y siquiátricas.

Como asistente legal de la Cimade en el centro labortano, Aurélie Garnier explicó que debido a la nueva reglamentación que prolonga la posibilidad de retención, y a que Hendaia se haya convertido en el lugar al que las personas en situación irregular son enviadas una vez excarceladas, ha acarreado un «cambio de población, y un aumento de personas con un perfil muy difícil, y que pueden ser violentas». En los últimos meses tres personas han sufrido rotura en la nariz debido a altercados; se han registrado tentativas de suicidio así como automutilaciones. Además, debido al aumento de ocupación el centro está sucio y se percibe una «atmósfera de violencia y desesperación».

Cimade hizo hincapié en la situación de los menores, a quienes se realizan evaluaciones «cuestionables» para determinar su edad, ya que a los menores les asisten más derechos.

Una de las grandes contradicciones del sistema actual lo constituye el trasladar a los migrantes de un centro a otro. En el caso de los menores de edad, certificaciones realizadas en un departamento del Estado, pueden ser rebatidas en otros, lo que implica que serán tratados como personas adultas.