Representantes de ELA, Steilas, LAB, CCOO y UGT comparecieron ayer ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz para exponer, a petición de EH Bildu, la situación en la que se encuentra el largo conflicto laboral en el sector de la enseñanza concertada de iniciativa social de la CAV.

Esta comparecencia apenas deparó novedades respecto a la que los sindicatos realizaron ante esta misma comisión parlamentaria el pasado 18 de febrero, lo que evidencia la situación de bloqueo en este conflicto, que ha vivido recurrentes convocatorias de huelgas en los últimos meses, como señaló Europa Press.

La representante de ELA Miren Zubizarreta, que actuó como portavoz de los sindicatos comparecientes, recordó que las principales demandas de trabajadoras y trabajadores pasan por la firma de un nuevo convenio que sustituya al que caducó en 2009, así como por la reversión de los recortes que se han venido aplicado en los últimos años por parte de las patronales.

«Lavarse las manos»

La portavoz sindical subrayó la necesidad de avanzar hacia la recuperación de la capacidad adquisitiva del personal docente, que, como afirmó, se ha visto reducida en un 13,4% en los últimos años. Asimismo, reclaman «garantías» para la recolocación de los profesores que puedan perder su puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de la natalidad.

Los sindicatos lamentan que pese a la posibilidad de «avances» en estas materias que apreciaron en un primer momento por parte de la patronal y del Departamento de Educación, con posterioridad se produjo un «retroceso» en la disposición de unos y otros de atender a las reivindicaciones laborales.

En el caso del Gobierno de Iñigo Urkullu, le reprochan que trate de «lavarse las manos» ante un conflicto en el que también debería asumir su «responsabilidad», puesto que los centros privados concertados se financian con fondos públicos.

En cuanto a la oferta de Lakua para canalizar la resolución del conflicto al servicio de intermediación del Departamento de Trabajo, Zubizarreta comentó que los sindicatos «no descartan» esa posibilidad, aunque precisó que actualmente «no se dan las condiciones» para que se pueda materializar.