El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán quienes decidan finalmente si Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras podrán ejercer en el Parlamento Europeo el cargo para el que fueron elegidos el 26M. De momento, sus escaños han quedado vacantes tras el veto que la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo han aplicado al alimón.

Los 54 eurodiputados elegidos en el Estado español habían sido citados ayer para acreditarse, pero los tres líderes catalanes no pudieron hacerlo. El president y el exconsejero de Salud, ambos exiliados en Bélgica, no acudieron por la inseguridad jurídica derivada de la orden de detención estatal que mantiene en su contra el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del proceso independentista. Por su parte, el Supremo rechazó la semana pasada conceder al presidente de ERC permiso para salir de la cárcel de Soto del Real y desplazarse al Congreso, donde tiene su sede la Junta Electoral, para obtener la acreditación.

Los abogados de Junqueras interpusieron el domingo un recurso para dejar sin efecto el fallo, valorando que «se aparta de precedentes análogos sin razón atendible» y «contraviene la normativa que regula la participación de ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo», recordando asimismo que su defendido sí pudo tomar el acta de diputado en el Congreso tras ser elegido el 28 de abril. El Alto Tribunal, sin embargo, hizo caso omiso de esta apelación y no permitió su salida de prisión.

Ayer, una vez llevada a efecto la prohibición, los compañeros y compañeras de Junqueras en la coalición Ahora Repúblicas anunciaron que llevarán la decisión del Supremo a los tribunales europeos, y también a la propia Eurocámara. Ana Miranda, representante del BNG, valoró en declaraciones a los medios que una «vulneración democrática» de este calibre tiene que ser remitida al Tribunal de Estrasburgo, algo que hará la coalición independentista, que también planteará el asunto en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, donde solicitarán la comparecencia de Junqueras como afectado.

En todo caso, antes de poder dirigirse al TEDH deberán agotar todas las instancias en el Estado, de modo que primero recurrirán el auto en el Supremo y, si no es revocado, acudirán al Tribunal Constitucional.

«Fraude electoral»

«Se pudieron presentar a las elecciones, tienen sus derechos políticos intactos, pudieron presentar sus programas electorales y los ciudadanos les pudieron votar; pero hoy no pueden venir a recoger el acta en el Congreso», lamentó la eurodiputada Diana Riba, también de ERC, quien destacó que de los cinco independentistas elegidos en mayo –serán seis cuando se ejecute el Brexit– sólo dos han podido tomar posesión del escaño.

Pernando Barrena, parlamentario europeo por la misma coalición como candidato de EH Bildu, valoró por su parte que «la palabra fraude electoral define perfectamente lo que hoy está pasando en el Congreso».

En la Cámara Baja estuvo también Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Comín, que acudió con un procurador y acompañado por las diputadas de Junts per Catalunya Laura Borrás y Miriam Nogueras con la intención de recoger las actas de sus dos representados. Sin embargo, la JEC no se lo permitió.

Según este órgano, el president catalán y el exconsejero deben acudir a Madrid y acatar la Constitución si quieren ser eurodiputados de pleno derecho, ya que de lo contrario mantendrán su condición de electos pero sin las prerrogativas que da tener un escaño en el Parlamento Europeo. Una condición que su abogado rechaza que sea necesaria, ya que, sostiene, ambos son ya eurodiputados porque su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Con todo, Boye trató, sin éxito, de entregar al vicepresidente de la Junta Electoral, Eduardo Calvo, varios documentos, entre ellos el acatamiento de la Constitución firmado ante notario por Puigdemont y por Comín.

El abogado explicó que había ido con «poderes especiales» de ambos para prestar juramento en representación de ellos, así como con su promesa de acatamiento constitucional «por imperativo legal a los efectos del artículo 224 de la LOREG». La promesa, explicó, fue prestada «ante autoridad válida» en Bélgica. «A nuestro entender el trámite a efectos jurídicos ya está cumplido», declaró Boye, que insistió en que ambos fueron proclamados eurodiputados el viernes y que lo de ayer era un «acto de legalidad interna española y no de legalidad europea».

76 europarlamentarios

«Para nosotros y para Europa» son ya eurodiputados, afirmó el letrado, que defendió la inmunidad de sus representados y criticó que la JEC «ni siquiera haya leído» los documentos, opinando que «si los hubiesen leído, sabrían que no deberían haberlos rechazado», porque los poderes que le han dado son similares a otros que se han presentado en el Congreso y en el Senado, y también en el Parlamento Europeo. En el escrito, expone que la LOREG no impone que el juramento o promesa tenga que ser de manera verbal o presencial, y señala que el 21 de mayo tres senadores acataron la Constitución mediante un documento fehaciente.

Mientras tanto, 76 europarlamentarios –entre ellos Pernando Barrena e Izaskun Bilbao– han firmado un escrito en el que se denuncia que las autoridades españolas «han atentado contra los derechos políticos» de los líderes catalanes, e instan a la Cámara a «reconocer y proteger» esos derechos y el de las personas que les votaron, un emplazamiento que extienden a los responsables electorales y judiciales del Estado español.

Declaraciones

«La palabra fraude electoral define lo que está pasando perfectamente»

PERNANDO BARRENA

EH Bildu-Ahora Repúblicas

«Que Junqueras no esté aquí es como si nos tocara carne propia»

ANA MIRANDA

BNG-Ahora Repúblicas

«Si Puigdemont y Comín no están aquí es porque Llarena lo ha impedido»

GONZALO BOYE

Abogado

«No tenemos normalidad porque tres diputados no han podido tomar posesión de sus actas»

IZASKUN BILBAO

PNV-CEUS