Monsanto, filial norteamericana de Bayer, ha saltado a las páginas de actualidad en los últimos años debido a las sentencias condenatorias que le han hecho responsable, como productor y comercializador del herbicida Roundup, del cáncer contraído por varios usuarios. Casos similares se amontonan en los juzgados y, muy a su pesar, este asunto seguirá dando juego en el futuro. Pero hace unas semanas, a mediados del mes de mayo, otra noticia también inquietante volvió a situar el foco sobre este gigante de la industria química: la elaboración de listados de personas y organizaciones que habrían sido clasificadas en función de su opinión respecto al glifosato, principal componente de su polémico producto.

La existencia de esas «listas negras» fue difundida en primer lugar por el diario “Le Monde” y la cadena de televisión France 2, que aparecen citados en ellas. En total, habría información sobre cientos de personas –periodistas, científicos, políticos...–, medios y organismos que habrían sido puntuados en función de su credibilidad, influencia y relación con Monsanto. El trabajo, fechado a finales 2016, fue elaborado principalmente por la agencia de relaciones públicas Fleishman Hillard, con sede en Bruselas, aunque también han sido señaladas otras empresas.

En concreto, France 2 informó de que había recibido varios ficheros informáticos «confidenciales» con el logo de Monsanto y el de la firma gala de publicidad Publicis, en los que se cataloga a los agentes que tienen algo que decir en el debate sobre los pesticidas en el Estado francés. Además, y según esa misma cadena, Fleishman Hillard habría confeccionado otro archivo donde fueron depositados números de teléfono y direcciones privadas de unas doscientas personalidades que fueron evaluadas en relación a diversos temas, desde OGM (organismos genéticamente modificados) a pesticidas, con notas de 0 a 5 en función de su postura.

«Objetivos prioritarios»

En otro de los documentos a los que habría tenido acceso France 3, una tabla señala 74 «objetivos prioritarios» a seguir por Monsanto; personas y colectivos que están agrupados en cuatro grupos diferentes: los «aliados», los «potenciales aliados para reclutar», las personalidades «a educar» y aquellas «a las que vigilar». «Se trata de un hallazgo muy importante, porque esto prueba que hay estrategias de demolición», declaró entonces en la televisión pública la exministra de Medio Ambiente Ségolène Royal, haciendo referencia a la estrategia emprendida contra las voces opuestas al herbicida. Ella misma había sido clasificada como una persona «a vigilar». Otras personalidades que aparecen en el listado son los eurodiputados Michèle Rivasi, Karima Delli, Eric Andrieu y Philippe Lamberts, y la también exministra gala de Medio Ambiente Corinne Lepage.

La revelación de la existencia de estas listas causó revuelo, porque se trata de una práctica ilegal. Por ejemplo, el organismo Foodwatch, cuyos responsables aparecen con la máxima puntuación por su oposición a Monsanto, ha presentado una denuncia ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de París, y otros afectados también han anunciado que irán a los tribunales.

Según han valorado en este tiempo diversas organizaciones de consumidores europeas, el uso fraudulento de esos datos tenía como objetivo tratar de influir en la toma de decisiones políticas y permitir que el negocio de la multinacional estadounidense pudiera mantenerse a pesar de las crecientes denuncias sobre los efectos perniciosos de sus productos. De hecho, la lista confeccionada en 2016 podría estar directamente relacionada con el debate abierto en aquellas fechas en el seno de la Unión Europea sobre la renovación de la licencia del glifosato. El centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la OMS ya había dictaminado para entonces que ese producto, componente esencial del Roundup, era posiblemente cancerígeno para los seres humanos, algo que posteriormente han corroborado las sentencias judiciales.

Foodwatch considera que el trabajo soterrado de seguimiento y clasificación de Monsanto pretendía contrarrestar la información del IARC y evitar que el glifosato fuera prohibido. Y puede decirse que lograron su objetivo, pues en otoño de 2017 las autoridades europeas decidieron prorrogar su licencia de uso durante cinco años más.

En el artículo de “Le Monde” se hace una equiparación entre la actuación de la firma química y lo que ocurrió con Philip Morris en 2013, pues en aquel año, mientras en Bruselas se estaba discutiendo en torno a la directiva europea sobre productos del tabaco, el fabricante norteamericano hizo una clasificación de eurodiputados en función de su grado de oposición a ese nocivo producto.

Bayer confirma la información

Cuando se destapó esta práctica fraudulenta hace mes y medio, Bayer, que es dueña de Monsanto desde el año pasado, aseguró que no estaba al corriente de lo ocurrido y que, por tanto, no podía opinar al respecto. Sin embargo, apenas unas semanas después, el 21 de mayo, la compañía alemana admitió que lo publicado era efectivamente cierto. De hecho, fue más allá e informó de que su filial había elaborado ese tipo de listas en al menos siete estados de la Unión Europea.

«En estos momentos partimos de la base de que la agencia Fleishman Hillard elaboró por encargo de Monsanto listas de partes interesadas en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido, así como de partes interesadas relacionadas con instituciones de la UE», expuso en un comunicado, en el que explicaba que había encargado al bufete de abogados Sidley Austin una investigación «independiente y exhaustiva» en la que «continuará analizando esta cuestión por encargo de Bayer para determinar si también existieron listados en otros países». Estaba previsto que ese bufete contactara con las personas afectadas para informarles del tipo de datos recopilados.

Lo cierto es que parecía que Bayer había hecho un negocio redondo cuando compró Monsanto por 56.000 millones de euros, pues se hacía con uno de sus más fuertes competidores justo después de que la UE hubiera prorrogado la licencia del glifosato, pero los recientes varapalos judiciales y este último escándalo le están saliendo muy caros en términos económicos y de imagen.

una estrategia global y fraudulenta para condicionar a la opinión pública

Las listas negras de personalidades y organismos que han salido a la luz a raíz de los reportajes de France 3 y “Le Monde” son solo un apartado llamativo, y grave, dentro de una estrategia general de Monsanto para incidir en la opinión pública y condicionar la toma de decisiones políticas e institucionales.

Hay muchos más capítulos en esta historia; por ejemplo, el que han desvelado las comunicaciones internas que se han hecho públicas con motivo de los juicios celebrados a causa de las demandas de tres usuarios de Roundup.

En ellas, según recordaba recientemente la periodista Carey Gillam en “The Guardian”, se ha podido ver cómo científicos a sueldo de la compañía eliminaban de sus informes aspectos que podrían chocar con la estrategia corporativa, o a ejecutivos de la firma química relacionándose de forma demasiado amigable con organismos reguladores, hasta el punto de rozar o superar los límites de la colusión.

Con todo, la estrategia ha sido incluso más descarada respecto a los medios de comunicación, con ejemplos como el de una mujer que en uno de los juicios contra Monsanto celebrados en San Francisco se hizo pasar por periodista de la BBC y trató de orientar y condicionar a otros profesionales que cubrían ese juicio. Hace poco se ha conocido que esa presunta periodista trabajaba para la consultora FTI Consulting, entre cuyos clientes se halla la compañía química.

Gillam cita en su artículo al abogado Tim Litzenburg, que representa a varias personas que han demandado a Monsanto y que ha rastreado dinero utilizado para obtener una opinión pública favorable. Para ello se han valido de artículos redactados a demanda por redactores «amigos» y han desacreditado el trabajo de profesionales que se han negado a transmitir su propaganda.

La propia Gillam, que ha cubierto la actividad de Monsanto durante 17 años para la agencia Reuters, vio cómo en 2014 un organismo llamado Academics Rewiew publicó dos artículos críticos con su trabajo. Posteriormente, documentos internos de la empresa han revelado que ese organismo fue creado por Monsanto y diseñado para responder a noticias contrarias a sus intereses. Lo mismo ocurre con el Consejo Americano de Ciencia y Salud, que ha publicado artículos rebatiendo y atacando a periodistas críticos con Monsanto, y que se suponía independiente de la industria química pero recibía dinero de la multinacional estadounidense.I. B.