La familia sigue sin poder visitar o mantener contacto telefónico con Josu Urrutikoetxea, ingresado en la parisina prisión de La Santé. Así lo ha confirmado Egoitz Urrutikoetxea a NAIZ.

El hijo del histórico militante no ha ocultado la preocupación de la familia por esta falta de contacto con el preso, y en particular por el estado de salud de su padre, toda vez que el médico que le atendió en Sallenches (Alta Saboya) le pautó una intervención quirúrgica que debía tener lugar como muy tarde en el plazo de un mes, tiempo que se ha superado con creces.

Urrutikoetxea fue trasladado ayer, una vez más, desde la cárcel al Tribunal de Apelación de París para recibir una notificación judicial.

En esa comparecencia se le notificó una nueva orden de entrega –la tercera– cursada desde Madrid, esta vez por el denominado «sumario de las herriko taberna». La euroorden se basa en procedimientos judiciales de inicios de 2000 y, tras su notificación, el tribunal deberá abordar la cuestión de fondo y fijar fecha de juicio.

Con anterioridad ya le fueron comunicadas sendas euroórdenes relativas al atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza (1987) y al secuestro de un directivo de Michelin en 1980.

Otra audiencia

Según la agencia española Efe, ese trámite para fijar el juicio por la tercera euroorden se produciría la semana próxima, concretamente el día 17.

De acuerdo a lo explicado a NAIZ por su hijo, bien en esa fecha «o en otra, pero en todo caso antes del 24 de julio», el tribunal debe abordar, además, la demanda de libertad interpuesta por sus abogados.

Cabe recordar que en lo que se refiere a las dos causas por rebeldía por las que la Justicia gala condenó a Josu Urrutikoetxea, el Tribunal de Apelación de París decretó el pasado 19 de junio la libertad bajo fianza del vecino de Ugao.

Sin embargo, Urrutikoetxea, que cuenta 68 años de edad, fue retenido primero por la Dirección General de Seguridad Interior gala (DGSI) de la Policía francesa y posteriormente reingresado en la prisión parisina de La Santé, en una decisión que tanto la familia como la defensa del hombre que leyó la declaración del final de ETA, el 3 de mayo de 2018, denunciaron como una injerencia de la Fiscalía francesa para evitar el cumplimiento de «una decisión de justicia».