El expresidente de Ecuador Rafael Correa cree que los tribunales ecuatorianos tratarán de sentenciarlo por cohecho, delito que no prescribe y que rechaza haber cometido, para impedir que vuelva a su país y participe en política tras la última petición de prisión preventiva a la que se enfrenta.

Una jueza ordenó el jueves prisión preventiva contra el exmandatario dentro de una investigación sobre presuntos aportes ilegales de empresas contratistas del Estado a la campaña de su movimiento político, Alianza País, entre 2012 y 2016 a cambio de asegurar contratos de infraestructura.

Segunda orden de prisión

Se trata del segundo caso en el que se dicta prisión preventiva a Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017. En julio de 2018, un tribunal dictó orden de prisión preventiva contra el expresidente por el caso de un supuesto secuestro a un político opositor, lo que el exmandatario considera parte de una persecución política.

La Fiscalía tiene abiertos unos 11 expedientes contra el exmandatario. La nueva investigación incluye delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho sobre unos 22 exfuncionarios y empresarios.

«Ordeno la prisión preventiva (...) para asegurar la comparecencia a juicio», señaló la jueza Daniella Camacho al leer su resolución contra Correa y cuatro exfuncionarios de su Gobierno, ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Correa ha negado las acusaciones y ha dicho que todo se trata de una persecución del actual presidente, Lenín Moreno.

«No nos sorprenderá que llamen a juicio, que nos condenen, porque eso es lo que esperan, con una condena por cohecho, por ejemplo. Eso no prescribe. Con ello tratan de que jamás pueda regresar a mi país y obviamente que no pueda participar en elecciones», indicó a Efe.

El expresidente denunció que «uno de los indicios para involucrarme» es que en 2014 recibió un préstamo de 6.000 dólares de una asesora que manejaba el fondo de solidaridad de la Presidencia «construido con nuestros propios aportes», un préstamo «que pagué hasta el último centavo».

Correa consideró que la Fiscalía pidió prisión preventiva sobre la base de «cosas tan absurdas como que cambié de domicilio» en Bélgica, y criticó que la Justicia de su país no solicitara adecuadamente a las autoridades belgas cooperación penal para que pudiera dar su versión. Aunque hasta ahora no pesa sobre el exmandatario ninguna condena, advirtió de que «probablemente en este juicio va a haber, porque cualquier cosa se puede esperar aunque no tengan la más mínima prueba». En esa situación, Correa lamentó que se enfrenta a acusaciones que buscan «quebrarlo emocionalmente, económicamente, familiarmente« y «enterrarlo con juicios» para impedirle participar en política.

Confirmó que sus abogados apelarán el lunes la decisión de Camacho, pero consideró que esos trámites solo servirán para «quemar etapas». La jueza también ha dictado prisión preventiva contra el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de seis años por la red de sobornos de Odebrecth.

Además, ha pedido que se notifique a la Interpol para que capturen a los exfuncionarios que se encuentran fuera del país, entre ellos Correa.

«Es una estrategia regional en Latinoamérica»

«En Ecuador no hay Estado de derecho, no hay sistema de Justicia. Se ha roto varias veces la Constitución», denunció Rafael Correa, quien lamentó a su vez la «estrategia regional» de la judicialización de la política en América Latina. «Tengo con esta 26 investigaciones penales, ni Pinochet y Al Capone juntos», indicó.

En opinión del expresidente, «la guerra judicial o judicialización de la política es la táctica de la derecha» y añadió que es el mismo método empleado contra Luis Inázio Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner para «tratar de eliminar a los líderes progresistas a los cuales no pueden vencer en las urnas».

A su juicio, la fiscal general, Diana Salazar, quien solicitó la orden de arresto, es «perversa pero incompetente y fue puesta ahí por el Gobierno y por EEUU» con el propósito de «cumplir con ese plan regional» de «acabar con los líderes progresistas» a la vez que se busca tapar los escándalos de los «corruptos serviles».

Correa se refirió con ello al caso de las cuentas secretas en Panamá del actual presidente, Lenín Moreno, con las que asegura que el actual mandatario ecuatoriano cobró pagos de empresas y utilizó para costearse una vida de reyes», pero «no la van a abrir nunca porque saben que el corrupto es Moreno», sostuvo.GARA