Ayer compareció en el Congreso español la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para dar su versión de lo ocurrido en el Mediterráneo con barcos de varias ONG que han rescatado náufragos. La vicepresidenta se limitó a justificar la actuación del Gobierno señalando que en todos los casos se ha actuado de acuerdo con una petición expresa de ayuda, que sí hubo en el caso del Aquarius el año pasado, pero que, por lo visto, no ha habido en el caso del Open Arms. Y eso a pesar de que todo el mundo ha podido seguir el desarrollo de los acontecimientos en directo. Al Gobierno en funciones, al parecer, no le bastó con las constantes apelaciones públicas que se efectuaron desde la embarcación.

En la construcción de su relato obvió la falta de actuación del Ejecutivo, así como las veladas y expresas amenazas que la vicepresidenta lanzó contra los responsables del barco Open Arms, básicamente por haber dejado en evidencia la desidia del Gobierno de Sánchez en la tragedia del Mediterráneo. En este sentido, conviene recordar que Calvo señaló que el barco sería multado porque carecía de permiso para salvar náufragos, como si el auxilio a las personas en peligro no fuese una obligación legal, además de un deber moral. Reproches y amenazas que están haciendo mella en otros barcos que, como han denunciado algunos náufragos, se alejan en cuanto les ven para evitar problemas, abandonando a los supervivientes a su suerte. En este capítulo conviene recordar que todavía no ha dado permiso para zarpar al barco Aita Mari.

La batalla por el relato y el cálculo electoral se han impuesto en el Estado español. Lo ocurrido con el Open Arms no ha sido sino la constatación de que la obligación legal de rescatar depende de quién es el rescatado y del momento político. El Gobierno de Sánchez carece de compromiso político para abordar el desafío de una migración segura para aquellos que huyen de la guerra o la pobreza.