Los escoceses decidieron en 2014 permanecer en Reino Unido al menos durante una generación. Dos años después, a diferencia de una mayoría de los británicos, votaron por seguir en la Unión Europea (UE) y esa decisión, unida a la caótica gestión del Brexit que está realizando el Gobierno de Londres, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de convocar un segundo referéndum de independencia, cuyo resultado dependerá de cómo se resuelva finalmente la salida británica del bloque comunitario.

Desde que el 18 de setiembre de 2014, el 55% descartase (frente al 45%) la independencia, las encuestas reflejaban que el apoyo a la secesión no había aumentado como reacción directa al Brexit (rechazado por el 62% de escoceses) hasta el pasado abril, cuando empezaron a reflejar un repunte que alcanza el 49%.

Una encuesta de “The Sunday Times”, en junio, reveló que el 53% respaldaría la separación si Boris Johnson –que en aquel momento competía por el liderazgo del Partido Conservador– accedía a la Jefatura del Gobierno, cargo que ocupa en la actualidad.

Para Anthony Salamone, analista del Centro Escocés de Relaciones Europeas, resulta «interesante» ver «cómo el movimiento independentista ha cambiado desde 2014», ya que si bien el Partido Nacionalista Escocés (SNP), en el Gobierno, no consiguió ganar el referéndum, sí logró capitalizar el apoyo recibido.

El respaldo a la independencia nunca bajó del 45% desde entonces y ha aumentado ante la perspectiva de un Brexit sin acuerdo y con Johnson como primer ministro. La posibilidad real de que, de la mano de Johnson, la ruptura con la UE sea abrupta es clave para explicar esta subida.

Mientras, el Parlamento escocés está tramitando la ley para propiciar un referéndum y la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha declarado que tras su aprobación, previsiblemente a finales de año, pedirá formalmente a Londres la convocatoria de una consulta.

Los escoceses están, por lo tanto, más cerca de acudir a las urnas para una segunda consulta, impulsada de forma cauta por Sturgeon, que no puede permitirse convocarla y perderla, al calor del aumento del apoyo a la independencia. Tienen la impresión, según los expertos, de que Westminster está fuera de control y de que la independencia traerá mayor estabilidad.

En lo que no coinciden los analistas es en la posición de Londres, ya que aunque la narrativa del Gobierno británico es que ya se tuvo una oportunidad y se dijo que valdría para una generación, hay quienes no descartan que Johnson lo facilite dado su perfil de «político oportunista».

No obstante, no ven probable que se celebre antes de las escocesas de mayo de 2021.

Promesa de Corbyn

En un contexto en que Boris Johnson fuerza la máquina para lograr la salida de la UE, con o sin acuerdo, el 31 de octubre, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, prometió que si llega al poder promoverá un nuevo referéndum sobre el Brexit, aunque se negó a aclarar por cuál de las dos opciones haría campaña en ese hipotético caso. «Lo cumpliremos», dijo en sus declaraciones, en las que se le preguntó por cuál sería la posición de su formación de cara a esa nueva consulta, descartada por ahora por el Gobierno de Johnson, y el líder laborista eludió precisarla.

Corbyn ya fue objeto de críticas en 2016 por la tibieza con la que defendió la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea.

El Partido Liberal Demócrata ha tratado de sacar rédito de esta ambigüedad oficializando una promesa de anular el Brexit si llega al Gobierno –algo improbable por ahora–.

 

Londres defiende la «decisión política» de cerrar Westminster

La suspensión del Parlamento británico adoptada por el primer ministro, Boris Johnson, fue una decisión «inherente y fundamentalmente política por naturaleza», por lo que la Justicia no debe intervenir, defendió ayer ante el Tribunal Supremo el abogado que le representa, James Eadie. El letrado aceptó que los poderes de prerrogativa pueden quedar a veces «limitados por los derechos fundamentales» y admitió que la suspensión podría «socavar» la capacidad del Parlamento de controlar al Ejecutivo, pero insistió en que el cierre de las cámaras es una decisión política. Cuestionó que se pida a los tribunales que se pronuncien sobre si la duración de la suspensión parlamentaria y estimó que, al hacerlo, se «invita» a la Justicia a dirimir en «asuntos políticos».

El Supremo analiza si Johnson, que decretó el cierre parlamentario del 10 de setiembre al 14 de octubre, actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía parlamentaria al cerrarlo durante cinco semanas en vísperas del Brexit. Hoy finaliza este proceso.GARA