2019/10/11

Hubo irregularidades de las empresas e inacción de Lakua en los comedores

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer el dictamen de la Comisión de Investigación sobre los Comedores Escolares que acredita la existencia de prácticas colusorias de las empresas, que generaron sobrecostes para la Administración y las familias. Refleja responsabilidad política por inacción entre 2003 y 2017 y falta de respuesta en el presente

Iñaki IRIONDO|GASTEIZ
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La Cámara de Gasteiz hizo ayer suyas las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los Comedores Escolares que acredita las malas prácticas de las empresas, que generaron sobrecostes para la Administración y para las familias. También censura la inacción de los departamentos de Educación entre 2003 y 2017, y la falta de respuesta a partir de que se conociera los dictámenes de la Autoridad Vasca de la Competencia y las sentencias de los jueces.

Esto supuso un sobrecoste no justificado en la gestión del servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones de euros se habrían detraído a las familias a través de las cuotas de comedor.

Además, el dictamen recoge la «necesidad de introducir cambios relevantes en el sistema de gestión directa de comedores escolares, tanto en lo referente a la implantación de un sistema de gestión descentralizado como en lo relativo a una mayor transparencia en la financiación del sistema, en los criterios técnicos de los futuros pliegos de contratación o en la necesidad de establecer mecanismos rigurosos de control y seguimiento de las adjudicaciones».

Votación y debate

El dictamen se aprobó por 38 votos a favor de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Los 37 de PNV y PSE votaron en contra. El debate se polarizó entre los dos partidos del Gobierno, que se sintieron atacados, y dos de la oposición que defendieron el trabajo de la Comisión. EH Bildu intervino en el turno de explicación de voto. Pese a que las conclusiones hacen referencia también a consejeros de Educación que pertenecen a EA, partido que forma parte de la formación, lo entiende como una oportunidad para aprender y mejorar en el futuro.

Carmelo Barrio, del PP, defendió la seriedad y rigor del informe de la comisión. José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, fue uno de los grandes impulsores del trabajo, puesto que buena parte del dictamen se basa en las enmiendas presentadas por este grupo.

Jose Antonio Pastor, del PSE, y el jeltzale David Latxaga pretendieron desacreditar las conclusiones de la Comisión de Investigación, incidiendo en que estaban escritas antes de comenzar los trabajos. Este es uno de los argumentos clásicos de los partidos que se ven señalados por el trabajos de cualquier comisión de investigación parlamentaria.

Pero el jeltzale David Latxaga fue especialmente vehemente calificando de teatro mal interpretado el trabajo de la Comisión de Investigación. Y en el turno de réplica pasó de la crítica política al ataque personal. A Carmelo Barrio lo calificó de «soldado fiel». A Jose Ramón Becerra, dirigente de Equo-Berdeak, le dijo que «se le ve muy a gusto en su papel de azote del Gobierno, fuera de su txokito medioambiental y apocalíptico». Añadió que «me parece muy lícito que quiera labrarse un nombre, pero no a costa de cualquier cosa». A EH Bildu le reprochó que por su odio al PNV no tiene empacho en manchar el buen nombre de consejeros de EA.

EH Bildu ve una oportunidad

Después de la votación intervino la parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe, que inició su turno con un recuerdo a los jóvenes de Altsasu. Insistió luego en que el dictamen de esta comisión es una oportunidad para reconocer que las cosas no se han hecho bien y corregirlo.

Eva López de Arroyabe destacó que el trabajo ha sido muy serio durante dos años y que EH Bildu no ha querido mirar para otro lado. Dirigiéndose al PNV le dijo que «lo siento, si hay mal perder no es cosa nuestra».

EMPRESAS


Queda acreditada la práctica colusoria de las empresas entre 2003 y 2015, sancionada como infracción muy grave a la Ley de Defensa de la Competencia por la Autoridad Vasca, confirmada por el TSJPV y avalada por el TS.

 SOBRECOSTE


Queda acreditado un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015: entre 28,7 y 33,7 millones al Gobierno, y entre 42,1 y 48,5 millones a las familias en las cuotas.

 

GOBIERNO


Queda acreditada la responsabilidad política de las personas que entre 2003 y 2017 dirigieron Educación por inacción y los de después por su falta de respuesta al quebranto patrimonial.

NUEVO SISTEMA


Hacen falta cambios relevantes en el sistema de gestión para mayor descentralización, mayor transparencia en la financiación, en los criterios técnicos de los futuros pliegos, riguroso control y seguimiento de las adjudicaciones