Para muchos la apertura del derecho a la PMA a las parejas de mujeres o mujeres sin pareja llega bastante tarde aunque celebran que, por fin, se aborde. La última vez que se intentó legislar sobre dicho dispositivo fue en 2013, durante el mandato de François Hollande, pero el antiguo Presidente desistió tras la polvareda de reacciones adversas que levantó el matrimonio homosexual que finalmente, sí fue aprobado.

Su sucesor, Emmanuel Macron, lo recogió en su programa electoral pero se ha demorado por cuestiones de idoneidad del momento (principalmente por la tensión creada por el conflicto de los “Chalecos amarillos”) y, sobre todo, por las precauciones legislativas que ha tomado de antemano para conseguir el aval de entidades como el Consejo de Estado.

Si bien la necesidad de adaptar la ley a las evoluciones de la sociedad es evidente, no por ello deja de ser un tema cuando menos delicado. De hecho, debido a los interrogantes éticos y/o morales que suscitan, los partidos han dado libertad de voto a sus diputados. La propia ministra de Salud, Agnès Buzyn ha declarado que no hará un caballo de batalla de esta cuestión, incluida en el contexto de la revisión de la ley de Bioética.

Cambios importantes

Actualmente la PMA está reservada a las parejas heterosexuales en edad de procrear con problemas de esterilidad. La Seguridad Social asume los costes de los diferentes dispositivos hasta los 43 años. Lo que plantea esta nueva ley es que todas las mujeres, sean parejas de lesbianas o no tengan pareja, puedan acceder a los mismos dispositivos y en las mismas condiciones para ser madres. Quedan excluidas, sin embargo, las personas transgénero.

Asimismo, establece la prohibición de usar los gametos del cónyuge en caso de que esta o este hayan fallecido, con lo que la PMA post mortem no será posible. Sin embargo, las parejas heterosexuales podrán acceder a donaciones de ovocitos y/o espermatozoides ajenos, algo que ahora está prohibido ya que en los casos de la aplicación de la PMA por infertilidad, la ley impone que, para la formación de un embrión, estén presentes al menos los gametos de uno de los miembros de la pareja.

Otro de los aspectos novedosos del proyecto de ley –y no el menos peliagudo– es el de la retirada del anonimato del donante cuando los hijos e hijas alcancen la mayoría legal. Así, al hacer la donación de gametos, el o la donante deberá aceptar no solo que los datos hasta ahora secretos sobre edad, características físicas o situación familiar o profesional sean comunicados a los hijos creados a través de su donación si estos lo solicitan, sino que también su identidad completa les sea facilitada. El o la donante podrá, por su parte, obtener información sobre cuántos hijos han sido engendrados con su donación, así como el año de nacimiento y sexo de los mismos.

La cuestión de la filiación, es decir, de la relación de parentesco entre las madres e hijos concebidos por PMA también está contemplada. La madre no biológica de la pareja homosexual tendrá el mismo estatus de parentesco que su pareja respecto al hijo o hija y no tendrá que adoptarla para ser reconocida como su madre. Así, la filiación está establecida de antemano, incluso para posibles separaciones futuras entre las dos madres.

Aunque la posición en el seno de los propios partidos presentes en la Asamblea Nacional y en el Senado no es homogénea, en general, los electos de izquierda y los de la mayoría gubernamental son favorables a la reforma de la PMA mientras que la derecha se opone cuando menos en los términos actuales del proyecto de ley. Los principales argumentos por los detractores a la reforma son que consagra la desaparición de la figura del padre lo que iría en contra del interés del niño/a o que abre la puerta a la gestación subrogada o gestación para un ajeno (GPA), cuestión esta que ha quedado fuera de esta ley.

Tema muy complejo

A nivel local, las posturas de los parlamentarios también reflejan la complejidad del tema. El diputado centrista adscrito a la mayoría gubernamental, Vincent Bru, ha expresado sus dudas a GARA no tanto por la extensión de la PMA a las parejas de mujeres «porque el texto de la ley, en cierto modo, prevé una forma de alteridad al ser de hecho ya una pareja, es decir que esos niños tendrán dos madres y no solo una figura referente. Pero en el caso de las madres solas soy más reticente». Finalmente, ha optado por abstenerse, al contrario que su compañera de grupo, la diputada angeluarra Florence Lasserre-David que ha votado a favor. Jean Lassalle, diputado de la circunscripción vascobearnesa, por su lado, en contra.

El senador biarrota de LR, Max Brisson, no tiene aún una postura definida. «No estoy totalmente en contra pero hay elementos que me generan ciertas reservas, en particular las relativas a la genética, utilización de embriones… Es un texto de conciencia, muy complejo y que no afecta únicamente a la PMA. Necesito reflexionar y debatirlo».

La abogada y exdiputada socialista Colette Capdevielle tiene muy claro que la ampliación de la PMA debía estar ya en vigor hace tiempo. «Los cambios en la sociedad no esperan a las leyes. Los modelos de familia han evolucionado (…). Lo que hay que hacer es dotar a esos cambios de marcos legales, proteger a los menores para que crezcan con las mejores garantías y dar un estatus jurídico a estas nuevas formas de familia». Cree que respecto a la PMA el tema del origen planteará cuestiones jurídicas muy profundas: «Habrá que ver cómo queda esta ley pero, seguramente, será necesario desarrollarla ulteriormente porque va a alterar toda la cuestión de la filiación y, en particular, la presunción de la paternidad pero no únicamente. Están también los temas de sucesión, herencias… Y, por supuesto, el tema de la retirada del anonimato del donante. En mi opinión, en primer término, es una cuestión filosófica: ¿Es que hay que considerar como sujeto de derecho al donante de esperma? ¿No debería ser como cuando se dona sangre o algún órgano? Tengo mis dudas».

Quien no alberga dudas es el obispo de Baiona Marc Aillet quien ya se ha pronunciado abiertamente en contra de la ampliación de la PMA a todas las mujeres y ha llamado a sus feligreses a movilizarse en contra de la misma. Entre sus argumentos destacan que «no se puede convertir en derechos los deseos individuales frustrados», ni imponer esos gastos a todos los ciudadanos, ni confundir el derecho a tener hijos con los derechos de los hijos.

Esperan más de esta ley

Tampoco están satisfechos con el texto actual, aunque obviamente por otras razones muy diferentes, los colectivos LGTB. Así, Les Bascos ha puesto el acento en varios puntos que necesitan clarificación como el acceso a la información sobre los donantes y se ha mostrado contrario a la destrucción del stock de donaciones ya realizadas. Precisamente en este aspecto reivindica, la puesta en marcha de una política de incentivación de las donaciones de gametos «para evitar que la ley, una vez aprobada, no se quede en algo virtual».

La ley ha recorrido su primera etapa, la de la aprobación en primera lectura en la Asamblea Nacional. Y, además, el debate se ha desarrollado en un ambiente más sereno del que se preveía. Sus detractores han ido manifestando sus posiciones públicamente pero, la tensión social y la movilización contra la ley en la calle no han alcanzado, ni de lejos, los niveles de las protestas que suscitó el matrimonio gay.

Con todo, es más que probable que en el ámbito parlamentario, la ley sufra cambios notables. El Senado, en el que LRM no cuenta con mayoría, va a crear una comisión ad hoc. Habrá que observar en qué queda tras las enmiendas. Por tanto, queda aún un largo camino por recorrer para su aprobación.

 

El texto aborda otras cuestiones también muy complejas

Aunque los focos se han centrado mayormente en el tema de la Procreación Medicalmente Asistida (PMA), el proyecto de ley que reforma la ley de Bioética recoge en sus 32 artículos otros puntos no menos espinosos. Entre ellos, reconoce a los ciudadanos franceses la posibilidad de conservar sus propios gametos (ovocitos y espermatozoides) sin que existan razones médicas para ello. Esta conservación se haría en centros públicos o privados homologados, y los costes correrían a cuenta del interesado. La ley respondería así a la evolución de la sociedad donde, por diferentes razones, la tendencia es de tener hijos tardíamente. Se fijarán por decreto los tramos de edad en los que se podrá acceder a este dispositivo para reproducirse.

Los tests genéticos seguirán efectuándose prioritariamente con fines médicos o de investigación médica, es decir para diagnósticos médicos, para prever un riesgo o elegir un tratamiento. Sin embargo, con la nueva ley de Bioética se podrá informar a las personas a las que, con ocasión de un examen médico, se les haya detectado una anomalía genética preocupante que pueda afectarles a ellos y a sus familias. De ese modo, se permitirá a los afectados acceder a medidas de prevención o tratamientos. La publicidad para los tests genéticos estaría prohibida.

La reforma de la ley abordará la investigación sobre las células madre embrionarias. Por un lado, se facilitarían los procedimientos administrativos para autorizar los ensayos de terapia celular y evitar los bloqueos judiciales frecuentes debido a las denuncias de los colectivos contrarios a la investigación con embriones. Sin embargo, por otro lado, prohíbe concebir los denominados «bebés-medicamento», es decir, utilizar la sangre del cordón umbilical de los niños concebidos para salvar a un hermano afectado por una enfermedad genética y que no están a su vez afectados. Esta posibilidad, está en vigor en el Estado francés desde 2004. La enmienda ha sido impulsada por Los Republicanos.

Las revisiones de la ley de Bioética se efectuarán, en adelante, cada cinco años y no cada siete como hasta ahora y se instaurará una comisión parlamentaria permanente que se encargará de las cuestiones relativas a la bioética.A.M.