Ainara LERTXUNDI
DONOSTIA
Elkarrizketa
CAMILA TRONCOSO
ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN ABOGADAS FEMINISTAS CHILE (ABOFEM)

«Vemos prácticas que hablan de la brutalidad de las fuerzas policiales»

La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) nació en mayo de 2018, en medio de la movilización feminista que sacudió el país. Hoy, la conforman más de 650 letradas. Camila Troncoso es una de ellas.

«No pensamos que llegaríamos a sugerir ‘grita tu nombre’ o ‘conversa con tus compañeras de calabozo’, pero es lo que estamos viviendo en Chile». Es uno de los tuits de la asociación Abogadas Feministas Chile (Abofem), que desde el inicio de las protestas que han dejado ya al menos 20 muertos, está asistiendo a los detenidos, visitando las comisarías, y recopilando testimonios de violencia sexual, tortura y malos tratos en dependencias de los Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) ha interpuesto en estas dos semanas 181 acciones judiciales, de las que 133 son querellas por torturas y 19 por violencia sexual, incluyendo dos violaciones. El número de heridos hasta la fecha asciende a 1.574.

En entrevista telefónica con GARA, Camila Troncoso, abogada de Abofem, remarca que la represión vivida en las calles ha hecho aflorar todos los recuerdos de la dictadura. Denuncia la política de los Carabineros de «disparar, ya sean perdigones, balines… directamente a los cuerpos» y la violencia sexual contra los detenidos, una práctica heredada del régimen de Pinochet (1973-1990).

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha anunciado un paquete de medidas y ha remodelado el Gobierno para intentar desactivar las protestas, que, sin embargo, se mantienen. ¿Cómo valoran estos cambios de nombre en las principales carteras ministeriales?

Para nosotras es puro maquillaje. En el fondo no hay ninguna reforma estructural, ese no era el objetivo del presidente por lo que las movilizaciones se mantienen y la represión por parte de agentes estatales en todo Chile ha sido y es bastante fuerte.

El Gobierno llegó a decretar el estado de emergencia.

Desde la vuelta de la democracia, el estado de excepción solo había sido decretado en casos de desastres naturales. Al decretarlo, se está enviando una clara señal de criminalización de la protesta social. La última vez que tuvimos un toque de queda fue en 1987, en plena dictadura.

¿Cómo ha vivido el toque de queda? ¿Qué recuerdos ha despertado en la sociedad?

Ha sido muy fuerte. Si bien yo nací en 1987, la mayoría de padres y madres de mi entorno vivió la dictadura, la tortura, las detenciones ilegales. Quienes sufrieron la dictadura ahora están reviviendo todo lo que pasó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales, de las que 133 son querellas por torturas y 19 lo son por violencia sexual –desnudos, tocamientos, amenazas e, incluso, dos violaciones–. Los detenidos ascienden a 4.364 y los heridos a 1.574. Datos preocupantes, más es un país con una democracia formal.

A Abofem nos han llegado denuncias por violencia sexual. Esto es terrible. En contextos de represión, la violencia sexual ha sido una constante histórica, consecuencia de la discriminación y de la desigualdad de género. Durante la dictadura, fue utilizada como un mecanismo para controlar y disciplinar los cuerpos de las mujeres que estaban en la lucha, que salían a manifestarse. Esto ha continuado hasta el día de hoy. Nosotras estamos trabajando mucho sobre el terreno, visitando comisarías, dependencias de la Policía de Investigaciones... y hemos recibido muchos relatos de desnudos forzados, de obligación de hacer sentadillas estando desnudas, de tocamientos de los pechos, de amenazas con ser violadas. La violencia sexual es una práctica muy terrible que, lamentablemente, sigue invisibilizada. Hemos detectado que en las comisarías no se están registrando todas las detenciones, lo que es un hecho muy preocupante. Hay personas que son detenidas, llevadas a un lugar desconocido donde son obligadas a desnudarse y después las sueltan, pero no queda registro de ello. Esto es de una gravedad extrema. También ha habido agresiones de carácter homofóbico. Tenemos el caso de una pareja de mujeres que fueron detenidas cuando iban de la mano. Sufrieron agresiones sexuales y verbales por el mero hecho de ser lesbianas. Son prácticas que hablan de la brutalidad de nuestras fuerzas policiales, que buscan castigar a las mujeres que se manifiestan.

Entre esos 4.364 detenidos hay 479 menores.

Efectivamente. Están deteniendo y violentando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, hay 1.659 heridos, 40 de ellos por disparos de bala, 473 por perdigones, 305 por armas no identificadas y 160 presentan lesiones oculares. La política de los Carabineros es la de disparar, ya sean perdigones, balines… directamente a los cuerpos. Una de las cosas que agradecemos ahora que no había en la dictadura son las redes sociales. A través de vídeos, fotografías, hemos podido constatar cómo han quedado los cuerpos. Nos han ayudado mucho en nuestra labor de denuncia y de difusión. En los primeros días, sobre todo, hubo un cerco comunicativo muy grande. Lo único que mostraban los medios eran hechos violentos, saqueos y no daban cuenta de la violencia policial.

En videos difundidos por las redes sociales también se ha podido constatar la presencia de infiltrados, de encapuchados, para originar disturbios.

El otro día, estando dentro de una comisaría, constatamos la existencia de Carabineros vestidos de civil, con barba, con cuellos buff, que probablemente son quienes están causando parte de los disturbios en las manifestaciones. Hay vídeos que muestran a carabineros infiltrados lanzando piedras. Varios detenidos por saqueo nos han relatado que ellos se acercaron a supermercados y que fueron los propios militares quienes los animaron a entrar y que una vez dentro los detuvieron. Hay muchísimas prácticas irregulares.

¿Cómo son recibidas cuando van a las comisarías?

Muchas veces nos hemos encontrado con resistencias por parte de la Policía, por ejemplo, a la hora de revisar los registros de detenidos, pese a que estos registros son públicos según nuestra propia Constitución. Han puesto muchos obstáculos a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Buscamos monitorear que los derechos humanos sean respetados. Cuando se decretó el estado de excepción, una de nuestras principales preocupaciones era transmitir a la ciudadanía que eso no suponía la suspensión de los derechos. Claro, esa percepción es consecuencia de 18 años de dictadura, durante los cuales no se respetaron los derechos. Ahora, se entiende que estamos en un Estado democrático y, por mucho que se decrete un estado de excepción, los derechos se mantienen intactos. Si a una persona la detienen, sigue teniendo derecho a recibir asistencia jurídica, a que no la torturen, a que no la traten de forma denigrante... Ese es el discurso que hemos tratado de instalar y que en las comisarías ha generado resistencias.

¿Cómo se llega aquí?

Hablamos de prácticas militares, pero también de Estado, que las han aplicado para reprimir a la sociedad tanto en la dictadura como ahora. La única forma para que las personas no se manifiesten es reprimiendo, torturando y matando. El informe Valech de la Comisión de Prisión Política y Tortura sistematizó todos los relatos de tortura que hubo durante la dictadura y concluyó que la violencia sexual fue una práctica generalizada contra las mujeres. La mayoría la sufrieron desde del primer momento de la detención. Esas prácticas no han desaparecido. Si bien el estado de excepción comenzó hace poco, hay relatos anteriores que nos hablan de una violencia sexual constante.

¿Existe conciencia de todo ello en la sociedad chilena?

Creo que cada vez más. En mayo de 2018 vivimos una revolución feminista; por primera vez, los derechos del mujer, el acoso sexual... se instalaron en la agenda de la sociedad. Durante mucho tiempo, estos temas estuvieron invisibilizados y aunque hay una mayor conciencia cuesta mucho hablar de ello. La violencia sigue estando naturalizada.

En el marco de las protestas, ¿qué es lo que más le ha impactado como abogada?

Estamos viviendo en un constante estado de alegría por ver que al fin la gente está saliendo a manifestarse y está conversando sobre los derechos sociales, pero, por otro, estamos en un estado de angustia permanente. Los relatos que hemos escuchado han sido muy crudos. Después habrá tiempo para llorar, ahora tenemos que seguir en nuestro rol de defensoras de derechos humanos. Por eso, nos estamos creando una especie de barrera emocional para que no nos afecte tanto lo que estamos viendo y escuchando. Esperamos que todo esto genere una transformación. Creemos que debe hacerse una nueva Constitución, y esta debe ser feminista. Hacemos también un llamamiento a denunciar la violencia sexual. Debemos incidir sobre este tema porque si no lo visibilizamos va a seguir oculto y es una muestra de un Estado patriarcal que utiliza los cuerpos de las mujeres para dominarlos y disciplinarlos.